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PRESENTACIÓN 1

Incursiones_queer_FINAL

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AVANCES DE LA CIUDADANÍA HOMOSEXUAL 257<br />

Se pueden hacer dos señalizaciones sobre estas cifras. La primera<br />

consiste en la sorprendente falta de uso de tales leyes en<br />

gran parte del país donde la discriminación es mucho más común,<br />

aunque a menudo velada. En 2004, el Centro Latinoamericano<br />

sobre Sexualidad y Derechos Humanos, un instituto de investigación<br />

con sede en la Universidad del Estado de Río de Janeiro,<br />

levantó una encuesta a 247 mujeres y 382 hombres que asistieron<br />

a la Marcha del Orgullo lgbt de la ciudad ese año. De aquellos<br />

que no se identificaban como heterosexuales, 64.8% reportó haber<br />

experimentado alguna forma de discriminación; 54.4%, agresiones<br />

verbales o amenazas; 18.7%, asalto físico, y 5.6%, violencia sexual.<br />

Es revelador que, aparte del proyecto de ley sobre uniones civiles,<br />

que recibió una amplia cobertura de la prensa, 72% de los asistentes<br />

a la marcha, un evento organizado por el movimiento, desconociera<br />

cualquier tipo de legislación sobre derechos lgbt (Carrara y Ramos<br />

2005).<br />

El segundo aspecto se refiere a las disparidades en el uso de<br />

la legislación contra la discriminación reflejada entre estados, por<br />

ejemplo, el considerablemente mayor número de casos en Minas<br />

Gerais y Santa Catarina. Cuando le pregunté sobre el tema al asesor<br />

especial de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, quien<br />

me proporcionó esta información, explicó que los estados con el<br />

mayor número de casos eran aquellos donde las ong estaban promoviendo<br />

más activamente su aplicación. 49 Aunque ciertamente es<br />

necesaria mayor investigación, el comentario en sí es interesante,<br />

ya que habla de la función emergente de movimientos sociales (en<br />

este caso, de activistas afrobrasileños) para llevar las leyes al terreno<br />

o promover la rendición de cuentas por parte del Estado, que algunos<br />

han enmarcado como una reestructuración democrática fundamental<br />

de las esferas públicas en la región (Avritzer 2002; Avritzer<br />

y Costa 2006). Para el año 2007, el Programa Nacional de ets/sida<br />

estaba financiando 47 centros de asesoramiento jurídico y la Se-<br />

49<br />

Ivair Augusto Alves dos Santos, consejero especial, Secretariado Especial de Derechos<br />

Humanos y del Consejo Nacional contra la Discriminación, en conversación con el<br />

autor, Brasilia, 10 de julio de 2006.

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