PRESENTACIÓN 1

336 INCURSIONES QUEER EN LA ESFERA PÚBLICA
(1994: 40-41) cuestionó directamente esta desacralización de la
vida al introducir un discurso de ciudadanía y derechos soberanos
en las prácticas biopolíticas “‘medicalizadas’ por los tecnócratas de
la muerte”. Las implicaciones concretas de este discurso para la
práctica gubernamental fueron dobles.
En primer lugar, puso a la población de personas que viven con
el vih/sida en el centro de las políticas públicas y, ulteriormente
con reverberaciones, también en el campo transnacional. La
decisión del gobierno de Brasil de extender el acceso universal a
medicamentos gratuitos, incluidos los antirretrovirales, promulgada
como ley en 1996, tiene su raíz en la garantía constitucional de la
atención a la salud antes citada, pero también en la historia del
activismo en contra del sida dentro de un marco de derechos humanos.
Cabe destacar que la decisión entró en conflicto con las recomendaciones
hechas por el Banco Mundial, que consideraba más
rentable en términos de costo efectivo, la prevención de nuevos
casos en lugar de tratar a las personas ya infectadas (Ramos 2004).
Lo más inquietante sobre la recomendación es que implicaba que
algunas vidas son desechables, sobre la base de una supuesta escasez
que subyace a la biopolítica de acceso a medicamentos que salvan
vidas dentro de la lógica del capitalismo global. Vale la pena señalar,
sin embargo, que el programa de medicamentos en Brasil redujo
costos, en última instancia, al sistema de salud pública debido al
aumento de los casos de reporte temprano hechos por iniciativa de
los propios pacientes y la reducción de hospitalizaciones por infecciones
oportunistas (Petchesky 2003). Ya en los primeros tres meses
de 1997, São Paulo y Río de Janeiro reportaron una caída de 35 y
21%, respectivamente, de muertes por sida, en comparación con el
año anterior (Biehl 2004).
Sin embargo, el contexto político más amplio de aprobación
de la ley también refleja las tensiones en torno a la política de
salud señaladas anteriormente. De hecho, el Congreso aprobó una
ley de propiedad intelectual ese mismo año en conformidad con
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (trips, por sus siglas en inglés)
de la Organización Mundial del Comercio (omc). Entre otras
medidas, el acuerdo obliga a las naciones a instituir protecciones