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Consenso de Washington. Ellas supusieron una peculiar y direccionada apertura de los mercados,
la liberalización de los flujos financieros y la privatización de importantes activos estatales, entre
sus principales medidas. El sector infocomunicacional no fue ajeno a dichas políticas. Durante la
década del ’90 se privatizaron numerosas empresas de medios de comunicación y de
telecomunicaciones y se expandió la iniciativa privada en el conjunto de las industrias culturales
(Becerra y Mastrini, 2006: 30).
A pesar de esta realidad, y casi como un contrasentido, tras la Tercera Ola ha habido casos en que la
prensa tuvo un papel protagónico para que el poder político rindiera cuentas a la ciudadanía. Algunos
escándalos mediáticos produjeron cambios importantes en los sistemas políticos, logrando una mayor
consolidación de la democracia y sus instituciones, permitiendo a los latinoamericanos ejercer sus
derechos ciudadanos de manera informada.
Este ideal de los medios de comunicación como vigilantes no es nuevo, sino que se enmarca en una
larga tradición, sobre todo anglosajona. A mediados del siglo XIX, Tocqueville (2009) lo establecío
como la única garantía que tenían los ciudadanos ante el poder. El día de hoy, autores como McQuail
(2013) la denominan como el “nido de cuervo del mástil de un barco” que permite observarlo todo.
En América Latina no ha habido nunca una tradición de accountability mediática. Por lo general, el
registro histórico de los medios de comunicación de la región en este ámbito es bastante pobre. Sin
embargo, según Waisbord (2000), desde los setenta algo cambió, la prensa alternativa que valientemente
se atrevió a denunciar los atropellos a los Derechos Humanos de los regímenes dictatoriales, dio un
impulso a la vigilancia mediática que en los noventa se traspasó a los grandes y comerciales medios que
lo llevaron a otros ámbitos como la corrupción.
Cárdenas y González (2006) denominaron a los acontecimientos en que los medios regionales tuvieron
una destacada función denunciante como los Watergate Latinoamericanos, en alusión al famoso caso de
investigación de los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward del diario Washington Post, que
terminó con la dimisión del Presidente Richard Nixon en 1974. Mandatarios latinoamericanos como
Carlos Salinas de Gortari (México, 1988-1994), Fernando Collor de Mello (Brasil, 1990-1992), Carlos
Andrés Pérez (Venezuela, 1974-1979 y 1989-1993), Carlos Saúl Menem (Argentina, 1989-1999),
Alberto Fujimori (Perú, 1990-2000), José Arnoldo Alemán (Nicaragua, 1997-2002) y Rafael Ángel
Rodríguez (Costa Rica, 1994-2000), tuvieron que dar cuentas ante la opinión pública y a la justicia de
sus respectivos países debido, en parte, a la accountability mediática.
El Comercio durante Los Vladivideos
El primer caso, es acerca del rol que jugó El Comercio, el periódico más leídos de Perú en 2000, durante
el escándalo de los Vladivideos y que significó el fin de una de las administraciones más corruptas que
ha tenido ese país.
Una crisis económica arrastrada por años, la violencia de grupos terroristas y una clase política que no
fue capaz de dar soluciones, crearon el escenario perfecto para que un outsider como Alberto Fujimori
llegase a la presidencia en 1990 (Murakami, 2007).
En los diez años que duró su gobierno, si bien, acabó con los grupos guerrilleros y estabilizó la
economía, también se sucedieron un autogolpe, un nueva constitución hecha a su medida y la
desregulación de los mercados, todo esto acompañado de la oscura figura de su asesor y jefe de
inteligencia, Vladimiro Montesinos, que fue protagonista de todo un engranaje de corrupción que pasó a
llevar instituciones y compró lealtades.
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