8SFH0s

posibiliten avances en la democratización de las comunicaciones? ¿Hay en última instancia parámetros
éticos para resolver estos dilemas?
Derechos humanos y comunicación
El derecho a la comunicación es precisamente una dimensión de los derechos humanos. Así lo
proclamó el creador de este concepto, Jean D’Arcy, en 1969:
“Llegará un día en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendrá que abarcar
un derecho más amplio que el del individuo a la información, formulado por primera vez hace
21 años en el artículo 19. Ese derecho es el derecho de los hombres a comunicarse” 28 .
Es ilustrativo recordar que D’Arcy planteó esta propuesta desde su experiencia, primero como director
de Programas de la RTF (Radio Televisión Francesa) entre 1952 y 1959 y luego en su condición de
director de Medios Audiovisuales de las Naciones Unidas (1961-1971). Desde esos cargos percibió
certeramente que los avances satelitales, la informática y otros adelantos tecnológicos debían ponerse al
servicio de la humanidad para posibilitar una ampliación de las libertades de prensa, información y
expresión en una perspectiva social. Dicho en sus propias palabras:
"Hoy día parece posible dar un nuevo paso adelante: el derecho del hombre a la comunicación,
como resultado de nuestras últimas victorias contra el tiempo y el espacio, así como de nuestra
mayor conciencia del fenómeno de la comunicación. Este derecho fundamental estuvo implícito
y subyacente desde los orígenes en todas las libertades conquistadas, tales como la de opinión,
la de expresión, de prensa y de información. La aparición de las máquinas, que se interponen
entre los hombres, nos hizo olvidar su existencia. Hoy vemos que este derecho abarca todas las
libertades, pero que, además, aporta tanto para los individuos como para las sociedades, las
nociones de acceso y participación a la información y de corriente bilateral de la información,
nociones todas necesarias, como bien comprendemos ahora, para el desarrollo armonioso del
hombre y de la humanidad".
El Informe MacBride de la Unesco validó en 1980 el Derecho a la Comunicación en el marco de su
propuesta de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic). Ya no se trataba
solamente de buscar un equilibrio en la generación y circulación de informaciones entre el Norte y el
Sur, sino también de aportar al reconocimiento de un mundo plural y diverso, en que las
comunicaciones pasaban a ser un aspecto esencial de las dimensiones culturales, precisamente como
vector del fin de las discriminaciones y, por ende, de la democratización.
No corresponde reiterar aquí la historia de las presiones que desde el mundo capitalista desarrollado se
volcaron contra la Unesco al punto de hacer abortar el Informe MacBride y desvirtuar la propuesta del
Nomic, aunque no deja de resultar relevante que la propia Unesco haya propiciado varias décadas
después la Convención sobre la Diversidad Cultural, adoptada en 2005, y que sobre todo en América
Latina se reivindique hoy el papel del Estado en la corrección de las distorsiones del derecho a la
información causadas por la hegemonía mediática de monopolios y oligopolios privados.
Para los efectos de nuestro estudio, recordemos que la propuesta de políticas nacionales de
comunicación del Informe MacBride abogaba por la participación de los Estados y la cooperación
internacional para crear agencias informativas y otros medios de comunicación en aquellos países en
28 D’Arcy, Jean. Les droits de l’homme a communiquer. Unesco, 1969.
96