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que los recursos locales privados fueran insuficientes, como forma de contrarrestar la hegemonía de las
agencias informativas transnacionales.
Fue entonces que los gobiernos de Ronald Reagan en los Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el
Reino Unido acusaron a la Unesco de propiciar a través del Informe MacBride una “sovietización” de
los sistemas informativos y de atentar contra el “libre flujo” en la circulación de las informaciones.
El Informe MacBride fue aprobado y publicado en 1980. La primera réplica institucional en gran escala
a sus propuestas emanó de la Conferencia de Talloires, convocada en el balneario alpino francés del
mismo nombre del 15 al 17 de mayo de 1981 por el Comité Mundial de la Libertad de Prensa (WPFC,
por su sigla en inglés), una suerte de estado mayor de los empresarios de la prensa. Allí se reunieron
representantes de 21 países a través de 63 delegados, entre los cuales estuvo paradojalmente Jean
D’Arcy 29 .
El creador del concepto del Derecho a la Comunicación (fallecido en 1983) pareció jugar allí un papel
de “profeta autotraicionado”. El Comité Mundial de la Libertad de Prensa ha sido desde entonces un
sistemático detractor de ese derecho, como quedó de manifiesto en la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información, celebrada en dos etapas entre 2003 y 2005 en Ginebra y en Túnez.
La Declaración de Talloires 30 fustigó duramente a la Unesco. En su parte propositiva incluyó 10 puntos
para rematar con la proclama de que “la libertad de prensa es un derecho humano básico”. Resulta
interesante detenerse, para los efectos de esta ponencia, en el tercer acápite del punto 9: “No debe haber
códigos internacionales de ética periodística; la pluralidad de visiones hace esto imposible. Si los
códigos de ética periodística son adoptados al interior de un país, deben ser formulados por la propia
prensa y su aplicación debe ser voluntaria. No pueden ser formulados, impuestos ni monitoreados por
los gobiernos sin llegar a ser un instrumento oficial de control de la prensa y consecuentemente una
negación de la libertad de prensa”.
Otro de los acápites del punto 9 dejó establecido el rechazo del WPFC y sus seguidores a que existan
licencias o colegiaturas para ejercer el periodismo.
Las posiciones empresariales no han cambiado sustantivamente desde 1981. La SIP en el continente
americano rechaza la existencia de organismos supervisores de la ética al margen de las organizaciones
de dueños de medios y recomienda la autorregulación para impedir trasgresiones éticas en la prensa
escrita, la televisión o la radio. En Chile, por ejemplo, existe un Consejo de Ética de los Medios de
Comunicación, creado por la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación de Radiodifusores y la
Asociación de Canales de Televisión, cuya función primordial es “promover la autorregulación”,
aunque no cuenta con ningún código específico para esos fines.
Aunque no aparece caracterizado como tribunal ético, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) está
facultado para supervisar, controlar y castigar contenidos programáticos de los canales de carácter
discriminatorio, de violencia o de utilización y abuso de menores, entre otros aspectos. La lógica
binominal que ha regido en los organismos reguladores de la televisión abierta ha distorsionado en
ocasiones fallos del CNTV y le resta completa legitimidad.
El Colegio de Periodistas sí cuenta en cambio con un Código y un Tribunal de Ética. Pero en virtud de
la Ley de Prensa del año 2010 solo puede juzgar a sus miembros, en circunstancias de que la propia ley
faculta que hagan trabajo de periodistas personas sin colegiatura y sin el respectivo título universitario.
29 Ver González Rodríguez, Gustavo, New scenarios for the Right to Communicate in Latin America, en From NWICO to
WSIS. Intellect Bristol, UK. 2012. Pags. 69-79.
30 Ver texto completo en inglés en http://www.wpfc.org/DeclarationofTalloires.html.
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