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Estado al EIA, como por ejemplo, la crítica esgrimida por el Servicio agrícola ganadero sobre la falta
de una descripción detallada de la relocalización de la fauna afectada por las obras. No obstante, el
mismo enunciador podía argumentar ciertas irregularidades políticas en el trámite administrativo.
Palabras claves: HidroAysén, argumentación, enunciación, movilización de conocimientos,
publicidad.
Introducción
Nuestro trabajo analiza la producción, circulación y movilización de argumentos relativos al proyecto
hidroeléctrico Aysén (PHA) entre 2004 y 2011. Con el objeto de producir los informes técnicos
conformes a la tramitación de las obras, HidroAysén (el nombre de la empresa con que se conoció
públicamente el proyecto) reclutó científicos entre 2004 y 2006 para la realización de estudios de líneas
de base 6 (ELB) y a un consorcio de consultoras para la presentación de un estudio de impacto
ambiental (EIA) a los servicios del Estado 7 . Se estableció así un diálogo 8 entre dichos servicios y las
consultoras entre 2008 y 2011. La experticia y el carácter tecnocrático del debate dotaron al discurso
técnico de una dimensión ética y de objetividad (Daston y Galison, 1992; 2007), y por consiguiente de
aceptabilidad, en base a la creación de una racionalidad compartida por los técnicos, y legitimada en la
esfera pública. El despliegue de experticias en la controversia implicó a su vez la circulación de
conocimientos entre dichos actores: la estabilidad del proceso, su creación y su manutención (Jasanoff,
1996).
La construcción de las represas 9 fue aprobada en una primera instancia por la Comisión de evaluación
ambiental en 2011, y rechazada en 2014 por un Consejo de Ministros. Paralelamente, en 2006, una
tercera instancia emergía en el conflicto, reivindicando un saber alternativo, en virtud de la
movilización de ciudadanos que sostenían su causa. Dicho apoyo civil dotó al Consejo de Defensa de la
Patagonia de una cierta legitimidad en cuanto a entidad opositora del proyecto HidroAysén.
Implementaron la construcción de un público (Braun y Schultz, 2009), elaborado a partir de encuestas
y convocatorias, y cuya configuración tenía más bien que ver con el objeto de proveer de poder político
a una determinada organización.
En consecuencia, los distintos actores, tanto científicos (Bourdieu, 1976), como expertos (Collins y
Evans, 2002) y profanos (Callon, Lascoumes y Barthe, 2001) negociaron sus puntos de vista en el
debate. Nos interesamos en las instancias de producción y de circulación de conocimientos (Pestre,
2003 y 2010; Jeanneret, 2014) y argumentos (Chateauraynaud, 2011) de los diversos actores que
confluyen en este conflicto, y en la movilización de dichas producciones como mecanismos de
legitimación.
6 Al no existir una caracterización ambiental previa de la región, la normativa obligaba a la empresa a financiar los ELB
de manera que los servicios del Estado dispusiesen de información para poder contrastar las propuestas del EIA.
7 Por ejemplo, la Corporación nacional forestal (CONAF).
8 Las respuestas de los servicios públicos al EIA se denominaron Informe consolidado de solicitud de aclaraciones y/o
ampliaciones (ICSARA), y los informes de la empresa respondiendo dichos informes se denominaron adendas. Durante
el periodo mencionado hubo tres ICSARA y tres adendas.
9 El primer EIA de HidroAysén no incluía un estudio de las líneas de transmisión de la energía. La producción eléctrica
estaba destinada a la zona central del país.
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