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Psicología Jurídica Penitenciaria 199
evaluación de la inteligencia y no se específica alguna prueba para realizar dicha
evaluación (INPEC, s.f).
¿Cuáles han sido los objetivos perseguidos con la evaluación de la inteligencia en las
cárceles?
En primera medida se busca que, mediante la evaluación de la inteligencia, se
puedan enfocar de mejor manera los procesos educativos que se adelantan en las
cárceles. Las investigaciones han mostrado que la ventaja de tener una evaluación
de la inteligencia en este contexto es que al poder clasificar de manera precisa a los
reclusos y encontrar que habilidades poseen, se puede fomentar su proceso de
aprendizaje, y por otra parte, identificando las dificultades se pueden adaptar los
programas de educación para responder a dichas falencias y así, teniendo en cuenta
estos dos aspectos, no se crean frustraciones ni problemas que pueden entorpecer
los procesos de educación y resocialización en el contexto penitenciario.
En España, por ejemplo, existen trabajos que buscan analizar la situación de los
reclusos con discapacidad, incluyendo en esta categoría las personas con alguna
discapacidad cognitiva. Una muestra de ello es el trabajo realizado en el 2008
titulado “Las personas con discapacidad cognitiva en el medio penitenciario en
España” del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad, 2008) en el que se muestra un análisis de los discapacitados recluidos
y cuáles han sido los esfuerzos y programas de la comunidad y el gobierno para esta
población específica, teniendo en cuenta sus necesidades y dificultades.
Otro trabajo en esta línea, también de España, deja presente la importancia de
tener una identificación de las personas con discapacidad intelectual y trabajar con
ellas de manera específica; esta es la “Guía de intervención para personas con
discapacidad intelectual afectas por el régimen penitenciario” (2006) desarrollado por
la FEAPS (Confederación Española de Organizaciones a favor de Personas con
Discapacidad Intelectual) donde resaltan la importancia de la educación y el trabajo
de rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual, no sólo de quienes
están en las cárceles sino también de quienes van a ingresar, quienes están en
potencial riesgo de entrar y por supuesto quienes acaban de salir de la reclusión.
(FEAPS, 2006).