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Instituto de Administración Pública del Estado de México, A. C. Revista 78 Enero-Abril de 2011
hacer suya una definición que no tenga con el consenso político ciudadano,
marchara en contra de la legalidad establecida, consumiera
dudosamente los recursos públicos y escapara a formas de supervisión
y cooperación social.
La búsqueda de definiciones teóricamente consistentes, culturalmente
aprobadas y gubernamentalmente tratables es tan difícil como exigida
en el campo del análisis y la recomendación de políticas.
Hogwood y gunn, entienden por definición del problema:
[...] se entienden los procesos mediante los cuales una
cuestión (problema, oportunidad, tendencia), ya aprobada
y colocada en la agenda de las políticas públicas, es estudiada,
explorada, organizada y posiblemente cuantificada
por los interesados, quien no raramente actúan en el marco
de una definición de autoridad, aceptable provisionalmente
en términos de sus probables causas, componentes y consecuencias
(Aguilar, 1996: 52).
“Quien define es quien decide”, es una premisa que quiere subrayar el
hecho de que los grupos sociales y/o gubernamentales que han tenido
la capacidad de ofrecer el planteamiento y la definición aceptable de la
cuestión son los que influyen efectivamente en la decisión.
Lo anterior, significa que la manera como se ha definido un asunto
público condiciona la configuración de los instrumentos, modos y objetivos
de la decisión pública, las opciones de acción.
También averiguar quién es quién en la definición del problema es de
gran interés político y administrativo, por cuanto permite saber quié-
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