Directorio Efrén Rojas Dávila PRESIDENTE Román López Flores ...

Instituto de Administración Pública del Estado de México, A. C. Revista 78 Enero-Abril de 2011
y por el contrario fortalece la tendencia de las instituciones a ejercer sus
competencias según el principio de exclusividad que ya no es adecuado
para la complejidad de la acción política.
El principio de subsidiariedad no se aplica solamente a las relaciones
entre las colectividades públicas más amplias y las colectividades públicas
más reducidas, sino también a las relaciones entre las autoridades
públicas -cualesquiera que sean- y la sociedad civil. Este principio exige
que la autoridad pública sólo intervenga en el ámbito económico y social
cuando es necesario complementar las iniciativas provenientes de la
sociedad civil para obtener el bien común; exige asimismo, de manera
general, que las colectividades públicas cuyo campo de acción es más
amplio solo intervengan para complementar, cuando fuera necesario, la
acción de las colectividades públicas de menor alcance.
El principio de subsidiariedad supone la existencia de un bien común: si
el papel de la instancia “superior” -entidad federativa- es complementar,
prolongar lo que hace la instancia “inferior” -municipio-, es porque
ambas deben ir en la misma dirección. En este sentido podemos
interrogarnos sobre la compatibilidad de este principio con la noción
moderna de la democracia, basada en la idea de que pueden coexistir
varias concepciones del bien común. Asimismo, la extensión de los
deberes de la instancia “superior” puede plantear problemas: si bien
está claro que, negativamente, debe respetar la autonomía de la instancia
“inferior”, ¿tiene también deberes positivos, es decir la obligación de
intervenir si la instancia “inferior” no cumple suficientemente bien con
su tarea?
En un contexto de mundialización y de crecimiento de las interdependencias
donde la democracia y el escenario político siguen organizándose
casi exclusivamente a escala nacional, la crisis de la democracia
66