CUYO 25-26bis - Facultad de Filosofía y Letras - Universidad ...

Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, v. 25–26, año 2008–2009, p. 123 a 148. 139
que desde 1902 José Ingenieros dirige los Archivos de Criminología, Medicina
Legal y Psiquiatría.
Álvarez cree firmemente que las dos únicas formas de castigo son
la prisión preventiva y la multa por indemnización. La pena puede ser indeterminada
y queda bajo arbitrio del juez el decidir su finalización 27 . No debe
extrañarnos la interesante concepción que del Derecho tiene Álvarez si consideramos
que –como mencionamos anteriormente– para él, tanto el crimen
como el criminal son construcciones de la organización social 28 . También lo es
el suicidio, definido como delito por una construcción jurídica de principios del
siglo XIX, que en la concepción alvariana es rechazada porque se trata de una
decisión del suicida a la que nadie, mucho menos un juez o un legislador, puede
oponerse. Para Álvarez el suicida es un juez de sí mismo que prefiere expiar
voluntariamente sus culpas. Esta idea es, sin dudas, de avanzada para la legislación
de la época. En concordancia, propone que la casa de corrección sea un
establecimiento de enseñanza y de cura de la enfermedad social, un lugar regido
por un magistrado que mantenga su dependencia con la Cámara de Apelaciones,
y no con las autoridades policiales y el Poder Ejecutivo 29 .
Para Peyret, en cambio, el crimen es simplemente la infracción a la
ley, que reposa en la estructura económica de la sociedad contenida en la
noción de propiedad. En este sentido, se encuentra mucho más cerca de
Savigny y de la Escuela Histórica, pues sostiene que la ley es la expresión de
la voluntad de la nación más que del Estado, aunque es el gobierno, como
delegado de la voluntad del pueblo, el encargado de ejecutar los deseos de
este último. En términos de política y gobierno, Peyret define la nación como
la asociación independiente de individuos que habitan un territorio, sometidos
a las mismas leyes y unidos bajo una misma forma de gobierno. Los
gobernantes tienen derecho a castigar para reparar la falta moral. A la sociedad
se le debe reconocer el derecho a la legítima defensa por las faltas cometidas
y es obligación del victimario la indemnización del daño público o privado;
criterio opuesto al de Álvarez y uno de los puntos de fricción entre ambos.
27 ÁLVAREZ, Serafín, El Credo…, p. 209–210.
28 Ibid., p. 231–232.
29 Ibid., p. 196.