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245. La Relatoría Especial también recibió información sobre proyectos de leyes en tramitación
en Brasil que podrían tener un impacto negativo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el
contexto de las manifestaciones. En ese sentido, el 28 de octubre el Senado aprobó el Proyecto de Ley
101/2015, que tipifica el crimen de terrorismo en Brasil y establece penas de hasta 24 años de detención en
régimen cerrado. El texto que fue aprobado a principios de agosto por la Cámara de Diputados sufrió cambios
en el Senado, donde eliminaron una claúsula que excluía a manifestantes y movimientos sociales de la
aplicación de la ley, y por esa razón volvió a la Cámara Baja para ser votado en régimen de urgencia. De
acuerdo con el PL 101/2015, el “extremismo político” sería una de las causales del delito, además de prever el
crimen de terrorismo contra cosas (transporte, barcos, edificios, entre otros) y la “apología al terrorismo” 324 .
246. La Relatoría Especial recibió con preocupación información sobre el proyecto de ley
6268/09 aprobado el 18 de agosto por la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJ) de la
Cámara de Diputados. Dicho proyecto de ley prevé tipificar el crimen de obstrucción indebida de la vía
pública. Según el texto aprobado, la sanción para quien bloqueara la vía “indebidamente” será de uno a dos
años de prisión y multa. Esta ley cambiaría el Código de Transito brasileño (Ley 9.503/97), que sólo prevé la
aplicación de sanciones administrativas para los que obstruyen la vía pública. Según el diputado Pedro Uczai,
opositor a dicho proyecto de ley, la intención de la propuesta es impedir que “el pueblo ocupe las calles”. Al
cierre de este informe el texto estaba pendiente de votación ante el Pleno de la Cámara de Diputados 325 .
247. El 26 de octubre, el “Diretório Central dos Estudantes Livre ‘Alexandre Vannucchi Leme” (DCE)
de la Universidad de São Paulo fue condenado en la Acción Civil Pública interpuesta por el Ministerio Público
de São Paulo al pago de más de 170 mil reales (unos 50 mil dólares) por no haber comunicado con
anticipación a las autoridades competentes la protesta organizada por ellos el 24 de noviembre de 2011.
Dicha acción buscaba indemnización por daños materiales y morales como consecuencia de la marcha que
tuvo lugar en la Avenida Paulista y que fue organizada por el DCE. Según la sentencia del juez de la 37ª Sala
Civil [37ª Vara Cível – Foro Central Cível], “el derecho de reunión previsto en la Constitución Federal no puede
interpretarse como un derecho absoluto. Existe la necesidad de aviso previo no solo a la policía militar, sino
también a la Compañía de Ingeniería de Tráfico (CTE) para adaptar el tráfico local y circundante por ser un
área de tráfico intenso durante casi todo el día”. El juez argumentó que “aunque se diga que los riesgos de
disturbios en la marcha no podrían eliminarse mediante notificación previa a las autoridades competentes,
las molestias a la población local y el tráfico en la región, sin duda, podrían ser mitigados” 326 .
248. La CIDH ha reiterado que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de
defensa de los derechos humanos y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las
autoridades. La Comisión ha señalado que “resulta en principio inadmisible la penalización per se de las
demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del
derecho de reunión” 327 y que “el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe
sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su
realización” 328 .
324
Portal Vermelho. 1 de noviembre de 2015. Projeto "antiterrorismo" aprovado no Senado sofre críticas; Folha de São Paulo. 28
de octubre de 2015. Senado aprova lei antiterrorismo; proposta voltará à Câmara; Senado Federal. Proyecto de Ley No. 101/2015.
Disponible para consulta en: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122772; UOL. 27 de octubre de 2015. Lei
antiterrorismo ameaça violar convenção, diz relator da OEA.
325
Câmara dos Deputados. 18 de agosto de 2015. CCJ aprova detenção para quem bloquear de forma indevida vias públicas;
Folha de Vilhena. 20 de agosto de 2015. Projeto de lei que proíbe manifestações em vias públicas é aprovado pelo CCJ; Consultor Jurídico.
19 de agosto de 2015. Comissão da Câmara aprova pena de prisão para quem fechar rua em protesto.
326
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 37ª Vara Cível - Foro Central Cível. Proceso No. 0113198-89.2012.8.26.0100.
Sentencia del 26 de octubre de 2015.
197.
327
CIDH. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.Doc.57. 31 de diciembre de 2009. Párr.
328
CIDH. Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas.
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66. 31 de diciembre de 2011. Párr. 139.
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