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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Al igual que en anteriores oportunidades, la Relatoría Especial culmina su Informe anual con
un capítulo de conclusiones y recomendaciones. El objetivo de esta práctica es entablar un diálogo fluido con
los Estados miembros que permita convertir a las Américas en un ejemplo en materia de respeto, garantía y
promoción del derecho a la libertad de expresión.
A. Violencia contra periodistas y medios de comunicación
2. Según la información recibida por la Relatoría Especial, 27 periodistas y trabajadores de la
comunicación fueron asesinados en la región en 2015 y varios más habrían sido desaparecidos o desplazados
de sus lugares de trabajo, por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su derecho a la
libertad de expresión. Además, otros 12 periodistas fueron asesinados sin a la fecha de cierre de este informe
se hubiese aclarado o aportado elementos para determinar su posible vinculación con la profesión. A estos
lamentables hechos se sumaron decenas de denuncias sobre actos de violencia, agresión, amenaza e
intimidación contra comunicadores y medios presuntamente vinculados con el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión.
3. Es importante resaltar que, durante 2015, se produjeron también avances en la
investigación, procesamiento y sanción de los responsables de algunos de los crímenes cometidos contra
periodistas en años previos e incluso ocurridos durante el año en curso. Esto demuestra que es posible
investigar prioritariamente la línea vinculada al ejercicio profesional de estas víctimas y sancionar a los
responsables. Pese a estos esfuerzos, buena parte de estos delitos permanece en situación de preocupante
impunidad.
4. En relación con este punto, al igual que en años anteriores, la Relatoría Especial recomienda
a los Estados miembros:
a. Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los
comunicadores, incluida la condena pública a todo acto de agresión, omitiendo cualquier declaración
que pueda elevar el riesgo para los y las periodistas, el respeto del derecho de los y las periodistas a
la reserva de las fuentes de información; el entrenamiento y capacitación a los funcionarios públicos
y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad y, si fuere necesario, la adopción de guías de
conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión, la determinación de sanciones
adecuadas de manera proporcionada al daño cometido; así como la elaboración de estadísticas
precisas sobre la violencia contra periodistas.
b. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes se
encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya
sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o de particulares. Las medidas o programas
de protección deben resultar adecuadas y suficientes para cumplir su propósito, de conformidad con
lo expresado en ese informe.
c. Realizar investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos,
agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores y
trabajadoras de los medios de comunicación, de conformidad con lo expresado en este informe. Esto
supone la existencia de unidades y protocolos de investigación especiales, así como la identificación y
el agotamiento de todas las hipótesis criminales posibles que vinculen la agresión con el ejercicio
profesional de la víctima.
d. Juzgar por tribunales imparciales e independientes a todos los responsables de los
asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación por causa del ejercicio de la libertad de