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las dificultades en cuanto a la regulación de las excepciones para el ejercicio de este derecho y a la
implementación de algunas leyes.
22. Asimismo, este año a partir del informe de la CIDH “Acceso a la información, violencia contra
las mujeres y la administración de justicia en las Américas”, la Relatoría observó que la región enfrenta
importantes desafíos en materia del acceso a la información pública sobre discriminación y violencia contra
las mujeres. En particular, la existencia de deficiencias en la disponibilidad, calidad e integridad de la
información pública sobre violencia y discriminación contra las mujeres, tales como la falta de recopilación de
información completa sobre todas las formas de violencia y discriminación en los diversos órganos del
Estado, la falta de producción de estadísticas integrales a partir de esa información y la desagregación de la
información estadística. Otro desafío prioritario es el acceso a la información en el ámbito de la
administración de justicia, particularmente, para asegurar a las mujeres y sus familiares el acceso a la
información sobre sus casos pendientes de violencia o discriminación, la disponibilidad de servicios
adecuados y suficientes de asistencia jurídica gratuita y el acceso a intérpretes e información en lenguas
diversas para las mujeres que no hablan en idioma oficial del Estado, entre otros. Igualmente, se subraya la
importancia de contar con información pública respecto del funcionamiento de la administración de justicia,
incluyendo datos acerca del número de arrestos, procesamientos, condenas, órdenes de protección y
sentencias dictadas; el tiempo de resolución de los casos; la composición de género de los sistemas de justicia;
los presupuestos asignados a la actividad judicial; y los mecanismos internos de rendición de cuentas.
23. En relación con el derecho de acceso a la información, la Relatoría Especial recomienda a los
Estados miembros:
a. Continuar promulgando leyes que permitan el acceso efectivo a la información y
normas complementarias que aseguren su adecuada implementación, de conformidad con los
estándares internacionales en dicha materia.
b. Garantizar efectivamente, tanto de iure como de facto, el hábeas data a todas las
personas, por ser elemento esencial de la libertad de expresión y del sistema democrático.
c. Propiciar la implementación efectiva y eficiente de las normas de acceso a la
información, capacitando adecuadamente a los funcionarios y formando a la ciudadanía en aras de
erradicar la cultura del secretismo y con la finalidad de otorgar a los ciudadanos las herramientas
para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y el control de la
corrupción, esenciales en el proceso democrático.
d. Fortalecer la estructura institucional de supervisión de la implementación de las
leyes de acceso a la información pública, de conformidad con los estándares más elevados en esta
materia, como aquellos adoptados por la Asamblea General de la OEA, en su Resolución AG/RES.
2607 (XL-O/ 10), a través de la cual acoge la “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la
Información.
e. Promover la difusión masiva de información sobre los derechos humanos de las
mujeres y las vías para hacerlos efectivos, los mecanismos de protección disponibles para las mujeres
en potencial riesgo de sufrir violencia y las formas de acceder a ellos, los programas de asistencia
legal gratuita disponibles para las mujeres víctimas de violencia y discriminación y los demás
mecanismos de atención en estas materias.
f. Intensificar los esfuerzos para avanzar hacia la implementación efectiva de sistemas
integrales de recopilación de información sobre discriminación y violencia contra las mujeres que
incorporen información proveniente de todos los órganos estatales con competencias en esta
materia, especialmente, los sistemas judiciales. A partir de la información recolectada- estadísticas
completas sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres, así como también otras clases de
información cuantitativa y cualitativa al respecto. Dichas estadísticas deben actualizarse
periódicamente y deben incluir información desagregada, a lo menos, por sexo, género, edad, raza,
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