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su posible vinculación con la profesión. Los Estados tienen la obligación de proteger a los periodistas que se
encuentran en un riesgo especial por ejercer su profesión, así como de investigar, juzgar y sancionar a los
responsables de estos hechos, no sólo para reparar a las víctimas y sus familiares, sino también para prevenir
la ocurrencia de hechos futuros de violencia e intimidación.
7. Asimismo, en este capítulo la Relatoría Especial considera importante llamar la atención
sobre otros obstáculos al pleno ejercicio de la libertad de expresión en las Américas, como la aplicación de la
legislación penal para enjuiciar a quienes han hecho declaraciones que ofenden a los funcionarios públicos, el
uso de declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación por parte de altas
autoridades estatales, y el empleo de mecanismos de censura directa e indirecta para condicionar el libre
flujo de la información. Igualmente, el informe identifica algunos de los obstáculos que persisten en la región
para lograr una diversidad y pluralismo de voces en la radiodifusión, y pone de presente los nuevos desafíos
derivados del aumento de la vigilancia indirecta o masiva y de las prácticas de retención de datos personales,
con el fin de mantener el orden público y por motivos de seguridad.
8. El Capítulo III incluye el informe temático “Acceso a la información, violencia contra las
mujeres y la administración de justicia en las Américas”. El informe, elaborado por la Relatoría sobre los
Derechos de las Mujeres de la CIDH con la asistencia técnica de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, procura ofrecer una primera aproximación a los desafíos que enfrentan las mujeres en las
Américas para tener un acceso adecuado a la información controlada por el Estado en materia de violencia y
discriminación. Asimismo, busca sistematizar los estándares internacionales que se han desarrollado en el
Sistema Interamericano sobre esta materia, particularmente sobre las obligaciones que tiene el Estado de
capturar y producir información sobre la violencia contra las mujeres. El informe identifica algunas buenas
prácticas en la región respecto de la aplicación y cumplimiento de dichos estándares.
9. En su Capítulo IV incluye una aproximación al discurso de odio e incitación a la violencia
contra las personas LGBTI, un resultado del trabajo conjunto entre la Relatoría Especial y la Relatoría sobre
los Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la CIDH. El documento pone a
disposición de los Estados y la sociedad civil una visión general del marco jurídico interamericano relativo al
discurso de odio y la incitación a la violencia y busca establecer las bases para una comprensión del fenómeno
y permitir el desarrollo e implementación de respuestas efectivas. También identifica y analiza las distintas
medidas no jurídicas que pueden contribuir a su prevención. Si bien el análisis se enfoca en las obligaciones
estatales, también examina el importante papel que juegan los medios de comunicación en la implementación
de las distintas estrategias para prevenir y combatir el discurso de odio.
10. Estos informes forman parte de los esfuerzos emprendidos por la Relatoría Especial para
transversalizar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información con el ejercicio de otros
derechos humanos, particularmente, por parte de personas que pertenecen a grupos históricamente
discriminados. Esta oficina se ha comprometido en apoyar el trabajo de otras relatorías de la CIDH para
promover que los Estados adopten obligaciones positivas para revertir o cambiar situaciones
discriminatorias existentes y que estos grupos puedan participar de manera plena en el debate público. La
libertad de expresión y el acceso a la información pública contribuyen como pocos a garantizar los derechos
de todos los grupos discriminados, a reafirmar la igualdad de todas las personas y hacer efectivo el respeto a
la dignidad humana.
11. Una vez más, la intensa labor desarrollada por la Relatoría Especial le ha permitido
consolidarse como una oficina experta a cargo de la promoción y el monitoreo del respeto a la libertad de
expresión en el hemisferio. Este posicionamiento ha generado, a su vez, un incremento sustancial en las
expectativas de la sociedad regional sobre la labor y desempeño de la Relatoría Especial. Para hacer frente a
esta demanda, es necesario dar atención no sólo al apoyo institucional y político de la Relatoría Especial, sino
también a su respaldo financiero, pues sin éste no sería posible su funcionamiento ni el despliegue de las
actividades que exige su mandato. Es importante exhortar, una vez más, a los Estados miembros de la OEA a
seguir los pasos de aquellos países que han respondido al llamado de las cumbres hemisféricas de apoyar a la
Relatoría Especial. El Plan de Acción aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre de
las Américas, celebrada en Quebec en abril de 2001, establece que, “para fortalecer la democracia, crear
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