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466. La CIDH ha reiterado que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de
defensa de los derechos humanos y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las
autoridades. La Comisión ha señalado que “resulta en principio inadmisible la penalización per se de las
demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del
derecho de reunión” 626 y que “el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe
sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su
realización” 627 .
C. Ley Orgánica de Comunicación
467. Desde la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación en 2013, la Relatoría Especial ha
expresado en diversas oportunidades su preocupación por las gravosas restricciones que la ley establece y el
amplio margen de discreción que le otorga a la autoridad de aplicación para restringir contenidos difundidos
por medios de comunicación 628 .
468. En nota enviada al Estado de 28 de junio de 2013 629 , la Relatoría Especial señaló
expresamente que el régimen de faltas y sanciones establecido en la ley consagra obligaciones que pueden
resultar ambiguas y exorbitantes. Así por ejemplo, la Ley consagra la obligación de todos los medios de
comunicación de “cubrir y difundir los hechos de interés público” e indica que “[l]a omisión deliberada y
recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa” (Art. 18), que
estará sometido a las correspondientes sanciones. De igual forma la Ley hace responsables a los propios
medios por la difusión de la información de todo tipo de contenidos, que deberá ser “contextualizada”,
“precisa”, “verificada” y que no lesione: derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las
personas y la seguridad pública del Estado 630 . Asimismo, la Ley establece que es información “de relevancia
pública [que debe ser publicada]” 631 aquella que trata de asuntos públicos y de interés general o a través de la
cual “se viola el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos” (Art.
7). De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 632 , bastaría con que una persona se sienta ofendida por cualquier
referencia o nota editorial, para que el medio de comunicación tenga la obligación de publicar, en el mismo
espacio, su opinión al respecto. La autoridad de aplicación encargada de definir si se produjo o no una
vulneración que conduzca a la obligación de publicar la réplica o la rectificación, es la Superintendencia de la
Información y Comunicación (Supercom), que depende del Poder Ejecutivo.
represión en marcha contra enmiendas; Ecuavisa. 7 de diciembre de 2015. Familiares de detenidos durante protestas por enmiendas
insisten en liberación.
626
CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.Doc.57. 31 diciembre 2009. Párr. 197.
627
CIDH. Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas.
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66. 31 de diciembre de 2011. Párr. 139.
628
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el
estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 327 y ss; CIDH.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 28 de junio de 2013. Comunicado de Prensa R47/13. La Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH manifiesta su preocupación por la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador; CIDH.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Carta al Estado de Ecuador. 28 de junio de 2013.
629
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Carta al Estado de Ecuador. 28 de junio de 2013.
630
En efecto, de una parte establece que deben respetar la libertad de opinión y expresión de todas las personas y de otra hace
responsable a los medios en los ámbitos administrativo, civil y penal por la publicación de comentarios de terceros que violen los
derechos consagrados en la Constitución y la ley, cuando a juicio de las autoridades, los medios no hubieren adoptado suficientes
previsiones para filtrarlos (Art. 20).
631
“Art. 18.- […] Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión
deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa […]”.
632
“Art. 24.- Derecho a la réplica.- Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio
de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio difunda su réplica
de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un
plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido […]”.
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