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Morales recibieron correos electrónicos anónimos en los que les informaban sobre posibles seguimientos 544 .
Por su parte, Barrientos denunció que alguien tomó control remoto de su computador y alteró información
que estaba trabajando 545 . Adicionalmente, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, informó a los
medios de comunicación que los seguimientos a Dávila provendrían de la Policía Nacional y estarían
relacionados con las mencionadas denuncias 546 .
403. En su Declaración Conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de
expresión, la Relatoría Especial indicó que dichas leyes deberán atender a un objetivo legítimo y establecer
límites respecto a la naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las
autoridades competentes para autorizar, ejecutar y supervisarlas, y los mecanismos legales para su
impugnación. El acceso a las comunicaciones y a datos personales deberá ser autorizado solo en las
circunstancias más excepcionales definidas en la legislación. Cuando se invoque la seguridad nacional como
razón para vigilar la correspondencia y los datos personales, la ley debe especificar claramente los criterios
que deben aplicarse para determinar los casos en los cuales este tipo de limitaciones resultan legítimas. Su
aplicación deberá autorizarse únicamente cuando exista un riesgo cierto respecto de los intereses protegidos
y cuando ese daño sea superior al interés general de la sociedad en función de mantener el derecho a la
privacidad y a la libre expresión del pensamiento y circulación de información.
404. Tal y como expresó esta oficina en su Informe sobre Libertad de Expresión e Internet, las
decisiones de realizar tareas de vigilancia que invadan la privacidad de las personas deben ser autorizadas
por autoridades judiciales independientes, que deben dar cuenta de las razones por las cuales la medida es
idónea para alcanzar los fines que persigue en el caso concreto; si es lo suficientemente restringida para no
afectar el derecho involucrado más de lo necesario y si resulta proporcional respecto del interés que se quiere
promover. Los procesos de investigación que se lleven adelante y que impliquen una invasión de la
privacidad autorizada por ley y ordenada por un juez competente deben respetar, además, otras garantías
vinculadas al debido proceso. Los Estados deben garantizar que la autoridad judicial sea especializada y
competente para tomar decisiones judiciales sobre la legalidad de la vigilancia de las comunicaciones, las
tecnologías utilizadas y su impacto en el ámbito de los derechos que pueden resultar comprometidos.
J. Otras situaciones relevantes
405. La Relatoría Especial ve con preocupación las declaraciones realizadas por el Fiscal General
de la Nación tras la detonación en el mes de julio de artefactos explosivos en Bogotá. En su alocución pública,
el Fiscal declaró que cualquier medio de comunicación o periodista que reprodujera imágenes de las cámaras
de seguridad de los lugares aledaños al atentado sería inmediatamente investigado penalmente. La Relatoría
Especial recuerda la obligación que tienen los altos funcionarios del estado de evitar señalamientos contra la
prensa y de garantizar el libre flujo de información 547 .
406. En el mes de abril se conoció que el periodista Yesid Toro, quien había recibido amenazas
por su trabajo periodístico en 2013, fue el autor de un panfleto que se conoció el 29 de septiembre de 2014
firmado por “Los Urabeños” y en el que se declaraba “objetivo militar” a ocho periodistas de las ciudades de
Cali y Buenaventura en el Valle del Cauca, entre ellos el periodista Toro. Las Autoridades locales y nacionales
rechazaron dichas amenazas. Tiempo después, fue el propio Toro, quien a través de una carta y una grabación
dio a conocer que fue el autor de dicho panfleto. En la carta el periodista pedía perdón y explicaba que lo hizo
544
El Espectador. 5 de diciembre de 2015. A Vicky Dávila la querían involucrar en caso de enriquecimiento ilícito; Fundación
para la Libertad de Prensa (FLIP). 3 de diciembre de 2015. Se agudiza situación de espionaje e intimidación policial a periodistas en
Colombia.
545
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 3 de diciembre de 2015. Se agudiza situación de espionaje e intimidación
policial a periodistas en Colombia.
546
El Tiempo. 11 de diciembre de 2015. Hay indicios de que seguimientos a Vicky Dávila vienen de la Policía.
547
El Espectador. 6 de julio de 2015. Procurador rechazó restricción para publicación de videos sobre atentados en Bogotá; El
Nuevo Siglo. 6 de julio de 2015. Fiscal y Procurador chocan por videos de atentados; Noticias RCN. 3 de julio de 2015. Atentados en Bogotá:
fiscal advierte sanciones para quienes entreguen videos a terceros.
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