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garantizar el derecho de acceso a la información, los poderes públicos deben actuar
de buena fe y realizar diligentemente las acciones necesarias para asegurar la
efectividad del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, especialmente
cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves
de derechos humanos como las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial
que se dieron en este caso.
­ Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. El
caso se refiere a la condena civil impuesta a los señores Jorge Fontevecchia y Héctor
D’Amico, director y editor, respectivamente, de la revista Noticias, mediante
sentencias dictadas por tribunales argentinos como responsabilidad ulterior por la
publicación de dos artículos, en noviembre de 1995. Dichas publicaciones se referían
a la existencia de un hijo no reconocido del señor Carlos Saúl Menem, entonces
Presidente de la Nación, con una diputada; a la relación entre el presidente y la
diputada; y a la relación entre el primer mandatario y su hijo. La Corte Suprema de
Justicia de la Nación consideró que se había violado el derecho a la vida privada del
señor Menem como consecuencia de aquellas publicaciones. La Corte
Interamericana encontró que la información publicada era de interés público y que
además ya estaba en el dominio público. Por ello, no hubo una injerencia arbitraria
en el derecho a la vida privada del señor Menem. De tal modo, la medida de
responsabilidad ulterior impuesta no cumplió con el requisito de ser necesaria en
una sociedad democrática, y constituyó una violación del artículo 13 de la
Convención Americana.
­ Caso González Medina y Familiares Vs. República Dominicana. Sentencia de 27 de
febrero de 2012. En esta sentencia, la Corte condenó al Estado dominicano por la
violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida y al
reconocimiento de la personalidad jurídica de Narciso González Medina. En mayo de
1994 el abogado, profesor y periodista Narciso González Medina fue desaparecido
de manera forzada, sin que hasta la fecha del fallo de la Corte IDH se tuviese noticia
de su paradero. Días antes de su desaparición, González había publicado un artículo
de opinión en una revista denominada La Muralla y había pronunciado un discurso
en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en los cuales denunciaba la
corrupción y el fraude electoral. La Corte pudo establecer que el contexto de la
desaparición de González Medina se caracterizó por un “clima de alta tensión
política debido al alegado fraude electoral” en las elecciones de mayo de 1994 en el
Estado dominicano; que para entonces el país “estuvo prácticamente militarizado”; y
que fueron implementados “métodos represivos contra los manifestantes” así como
prácticas “de seguimiento y vigilancia de periodistas y personas críticas del
Gobierno”. A pesar de que la relación existente entre el ejercicio de la libertad de
expresión de González Medina y su desaparición forzada fue alegada por la
Comisión, la Corte no declaró la responsabilidad del Estado dominicano por
violación del artículo 13, pues para el alto Tribunal, en este caso, existía falta de
competencia temporal. La Corte consideró que, a pesar de que en casos anteriores
“ha reconocido que cuando la violación del derecho a la vida, la integridad o la
libertad personal tiene como objetivo impedir el ejercicio legítimo de otro derecho
protegido en la Convención […] como el derecho de asociación […] [o] la libertad de
expresión, se configura a su vez una violación autónoma a estos últimos”, en el
presente caso no era posible deferir responsabilidad internacional, porque “el
principio de ejecución de la desaparición forzada [había sido] previo al
reconocimiento de la competencia de la Corte”, y el Estado dominicano no se había
allanado a las pretensiones, ni reconocido su responsabilidad durante el proceso.
Por tanto, la Corte carecía de “competencia [temporal] para conocer de la alegada
violación a la libertad de expresión de […] González Medina como una violación
autónoma”.
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