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871. En varias oportunidades la CIDH y la Relatoría Especial han reconocido que los medios
comunitarios cumplen en nuestra región una función fundamental para el ejercicio de distintos sectores de la
sociedad a la libertad de expresión y al acceso a la información 1128 . En este sentido, resulta necesario que los
Estados reconozcan legalmente a los medios comunitarios y que se contemplen reservas de espectro
equitativas para este tipo de medios, así como condiciones adecuadas de acceso a las licencias que tomen en
cuenta sus circunstancias. Asimismo, los medios comunitarios deben beneficiarse de procedimientos
equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no deben tener que cumplir con requisitos tecnológicos
o de otra índole que supongan barreras desproporcionadas de acceso a las licencias, y en su funcionamiento
no deben ser objeto de tratamientos diferenciados que no se encuentren adecuadamente justificados 1129 .
872. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, en sentencia de 20
de mayo de 2015 1130 , declaró inconstitucional el 398 Bis del Código Penal de Chiapas que prohíbe el llamado
“halconeo”. La norma sancionaba con pena de dos a quince años de prisión a aquel “que obtenga y
proporcione información confidencial o reservada de los cuerpos de seguridad pública o de las fuerzas
armadas con el propósito de evitar que el sujeto o los sujetos activos del delito sean detenidos o para que
puedan concretar una actividad delictiva en agravio de un tercero”. La acción de inconstitucional fue
interpuesta por la organización no gubernamental Artículo 19, que cuestionó la vaguedad de los términos de
la disposición por la que “prácticamente cualquier búsqueda de información sobre temas de seguridad
pública queda absolutamente restringido” 1131 . En este importante fallo, la Primera Sala determinó que si bien
la norma persigue un fin legítimo - proteger la seguridad pública - “no es clara ni precisa desde el punto de
vista material, pues las conductas punibles son ambiguas. Además, tal como se desarrollará, la restricción no
está orientada a satisfacer los intereses públicos que se pretenden proteger (necesidad) y la restricción
impuesta no es la que restringe en menor medida el derecho de acceso a la información (idoneidad). Todo
ello relacionado con la violación del principio de taxatividad de las normas penales”.
873. Al respecto, estableció que “el incumplimiento del principio de taxatividad, aplicado en
temas de libertad de expresión y acceso a la información, genera el vicio de validez constitucional
ordinariamente asociado […] en la falla de la ley en prevenir con certeza al destinatario, qué tipo de conducta
está prohibida. Sin embargo, lo específico de su aplicación en este ámbito radica en la existencia de un doble
vicio de validez adicional: a) Una norma penal que no satisface el principio de taxatividad genera efectos
perjudiciales para el ámbito de deliberación pública –sobre el cual se proyectan las libertades de expresión y
acceso a la información–, ya que las personas, al no tener certeza sobre el tipo de discurso en el que no
pueden participar, decidirán preventivamente no participar del todo en dicha actividad comunicativa, por
miedo de resultar penalizados. En ello radica el efecto inhibidor generado por la falta de taxatividad de un
tipo penal. b) El incumplimiento del principio de taxatividad genera que un tipo penal sirva de fundamento a
la autoridad ministerial y/o judicial para ejercer discreción e introducir sus valoraciones personales sobre el
tipo de discurso que debería estar prohibido en una circunstancia específica. El vicio de validez se constata
cuando la norma resulta apta para dotar a las autoridades del poder para prohibir acciones comunicativas
con las cuales no coinciden. Este poder de discreción (generado por la falta de taxatividad) atenta contra el
principal mecanismo de control democrático que tienen los ciudadanos sobre sus autoridades: la crítica
impopular”.
874. La Primera Sala consideró que la norma no respeta el principio de taxatividad, ya que “(i) la
referencia a la información confidencial o reservada reenvía a otras normas; (ii) se establece que la intención
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CIDH. Justicia e inclusión social: Los desafíos de la democracia en Guatemala. Capítulo VII (La situación de la libertad de
expresión). OEA/Ser.L/V/II.118. Doc.5rev.1. 29 diciembre 2003. Párr. 414; CIDH. Informe Anual 2002. Informe de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (Libertad de expresión y pobreza). OEA/Ser.L/V/II.117. Doc. 1 rev. 1. 7 de marzo de 2003.
Párr. 41.
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CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo VI (Libertad de
Expresión y Radiodifusión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párrs. 92 y ss.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en revisión 492/2014. 20 de mayo de 2015. Disponible para consulta en:
Archivo de la Relatoría Especial.
1131
Article 19. 14 de octubre de 2015. México: El crimen de buscar información.
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