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capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los
electores puedan formar su criterio para votar 911 .
709. A su vez, y conforme con la doctrina y jurisprudencia interamericana, la Convención
Americana requiere que los Estados Partes no sólo respeten los derechos en ellos consagrados sino que
también garanticen a las personas bajo su jurisdicción el ejercicio de esos derechos. Al respecto, la CIDH ha
afirmado que “la naturaleza continua e integrada de las obligaciones en materia de derechos humanos no sólo
exige la abstención, sino también la acción positiva de los Estados” 912 . Este deber estatal se extiende a la
prevención y a la respuesta frente a actos cometidos por particulares 913 . La Corte Interamericana ha
manifestado que esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda
violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es
posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los
derechos humanos 914 .
G. Concentración de medios de comunicación
710. Guatemala no registró avances en la diversificación y pluralidad de voces en 2015, situación
que ha permanecido sin cambios en las últimas dos décadas, en un mercado de televisión abierta
ampliamente dominado por el empresario Remigio Ángel González. Tampoco se avanzó en la implementación
de la televisión digital terrestre abierta, que podría permitir el ingreso de nuevos operadores.
711. De acuerdo a la información presentada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la
audiencia “Diversidad, pluralismo y concentración en los medios de comunicación en América”, durante el
154 período ordinario de Sesiones de la CIDH, el caso de González “incide en la calidad y cantidad de
información sobre asuntos de interés público que reciben los ciudadanos guatemaltecos”. Además de los
cuatro canales de televisión abierta que controla, Albavisión tiene 66 emisoras de radio de las 300 afiliadas a
la Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Otras 31 pertenecen al grupo Emisoras Unidas, 70 a Radio Nuevo
Mundo, 20 a Radio Corporación Nacional y 35 a Radio Grupo Alius. Una de las estaciones de González, Radio
Sonora, lidera el espacio noticioso del país y “es utilizada constantemente para enviar a la población los
mensajes que el gobierno de turno desea que sean conocidos”. “Estos mensajes incluyen ataques a
periodistas, políticos de oposición, académicos y personas e instituciones en general que se oponen u opinan
desfavorablemente sobre el gobierno de turno”, dijo la SIP. De acuerdo a esa organización, su posición
dominante en el mercado le da “prácticamente la potestad de elegir presidentes de la República y hacer que la
población reciba menos información crítica de los gobiernos de turno”. La SIP denunció a su vez que
Albavisión “bloquea la creación de nuevos canales de cable, y a los existentes los busca asfixiar con
condicionamientos y amenazas en contra de anunciantes importantes, para que no puedan pautar en otros
medios ajenos a los intereses accionarios” de González 915 .
712. La concentración de medios en pocas manos tiene una incidencia negativa en la democracia
y en la libertad de expresión, como expresamente lo recoge el principio 12 de la Declaración de Principios
911
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de
expresión. OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 2/09. 30 de diciembre de 2009. Párr. 219.
117.
912
CIDH. Informe No. 80/11, Caso 12.626, Fondo, Jessica Lenahan (Gonzales) y otros. Estados Unidos. 21 de julio de 2011. Párr.
913
Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general
impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 26 de mayo de 2004; Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs.
Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Para. 166.
914
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Párr. 166.
915
CIDH. 154 Período de Sesiones. Audiencia “Diversidad, pluralismo y concentración en los medios de comunicación en
América”. 16 de marzo de 2015. Documento entregado por la SIP.
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