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junio de 2014, el periodista Víctor Bacchetta, integrante del movimiento, había presentado una solicitud de
acceso a la información pública ante el Ministerio con el objetivo de obtener información ambiental sobre ese
emprendimiento. Ante la ausencia de respuesta por parte del Ministerio, la Justicia había obligado al MIEM el
10 de noviembre de 2014 a entregar la información. El MIEM había apelado la decisión y el Tribunal de
Apelaciones en lo Civil de cuarto turno había ratificado el fallo de primera instancia 1400 . El Ministerio entregó
parte de la información solicitada y declaró que el resto de los datos era información reservada. El 2 de
febrero de 2015 el movimiento se presentó nuevamente ante la Justicia cuestionando el criterio de reserva
del Ministerio, y pidió que se intime al organismo a entregar la información completa. El Ministerio presentó
un recurso contra la decisión, pero el juez lo rechazó por “improcedente” y le ordenó nuevamente entregar la
información 1401 .
1112. La organización CAinfo interpuso el 9 de marzo una demanda de acceso a la información
pública contra el Ministerio del Interior, luego de que este no respondiera una solicitud de acceso promovida
por la organización en octubre de 2014 en la que requería información sobre un sistema de vigilancia e
interceptación de telecomunicaciones adquirido por el Ministerio conocido como “El Guardián”. El 13 de
marzo, la Justicia rechazó la demanda por entender que “el derecho de acceso a la información pública no
puede considerarse absoluto, en tanto, la misma normativa prevé las excepciones” cuando se tata de
información reservada o confidencial, y la información requerida por la organización estaba comprendida en
esas categorías 1402 . El 22 de abril, un Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia y consideró que la
información requerida –copia del protocolo elaborado por el Ministerio del Interior para las empresas de
telecomunicaciones para la implementación del sistema de vigilancia electrónica “El Guardián”– se
encontraba “claramente cubierta por el secreto”. Según el Tribunal, “se trata de un instrumento para el
combate del delito y la difusión pública de sus fortalezas y debilidades podría frustrar el empleo de esa tarea,
dejándola librada a la actividad de ‘hackers’ y/o personas que ilegítimamente pretendan obstaculizar o
impedir investigaciones o represiones sometidas a control jurisdiccional” 1403 .
1113. Tras el fallo, CAinfo y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur)
divulgaron un comunicado expresando su “preocupación” por el rechazo al pedido de que el protocolo tome
estado público. “El Guardián aumentará exponencialmente la capacidad de vigilancia del Estado sobre las
personas. En el marco de un Estado de Democrático de Derecho estos asuntos deben ser objeto de un amplio
debate público y de marcos regulatorios robustos para prevenir arbitrariedades y la vulneración de
derechos”, afirmaron en el comunicado 1404 .
1114. De acuerdo a una investigación divulgada el 15 de octubre, titulada “Del dicho al hecho:
derecho de acceso a la información pública en Uruguay” y realizada por politólogos del Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica, luego de siete años de aprobada la Ley de Acceso a la
Información Pública persiste en la administración pública falta de conocimiento sobre la obligación de
permitir a los ciudadanos el acceso a la información en poder del Estado. Los investigadores interrogaron a
320 organismos sobre cuál era el número de funcionarios presupuestados que empleaban. Solo el 17,2% (55
solicitudes) respondieron con la información. El bajo nivel de respuesta refleja, según los investigadores, que
“los servidores públicos parecen ser omisos en el cumplimiento de la ley”. Algunos organismos que
denegaron la información exigieron más datos del solicitante, como su profesión, con qué motivo pide los
datos y si pretende publicarlos. Sin embargo, la ley de acceso a la información pública de Uruguay establece
1400
CIDH. Informe Anual 2014. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el
estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II Doc. 13. 9 de marzo de 2015. Párr. 957.
1401
La Red 21. 1 de abril de 2015. Justicia rechaza nuevo recurso de Ministerio de Industria para no entregar información sobre
Aratirí; Montevideo Portal. 31 de marzo de 2015. Toda la información.
1402
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Primer Turno. 13 de marzo de 2015. DA ROSA
PÍREZ, TANIA c/ MINISTERIO DEL INTERIOR - ACCESO A LA INFORMACIÓN. LEY 18.381. IUE Nª 0002-007603/2015. Disponible en: Archivo
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1403
Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Quinto Turno. 21 de abril de 2015. DA ROSA PÍREZ, TANIA c/ MINISTERIO DEL
INTERIOR - ACCESO A LA INFORMACIÓN. LEY 18.381. IUE Nº 2-7603/2015.
1404
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). 23 de abril de 2015. “El Guardián” seguirá siendo secreto.
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