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aumenten la discriminación o los estereotipos negativos, así como informar de manera precisa y sensible 1833 . De manera similar, el Relator Especial de la ONU ha señalado la importancia de garantizar que existan responsabilidades por lo que se informa en los medios, y ha subrayado que los medios de comunicación y los periodistas deberían adoptar códigos y normas de ética voluntarios que no permitan la expresión del odio y promuevan el más alto nivel de profesionalismo 1834 . Asimismo, ha afirmado que los medios de comunicación y periodistas deberían establecer órganos independientes y auto-reguladores para mejorar la calidad del periodismo y asegurar la rendición de cuentas de todos y todas las y los profesionales de los medios 1835 . 47. Los medios deben jugar un rol positivo en la lucha contra la discriminación, los estereotipos, los prejuicios y los sesgos, adhiriéndose a los estándares profesionales y éticos más altos, abordando asuntos de preocupación para grupos sometidos a discriminación histórica (incluyendo personas LGBTI) y ofreciendo a los miembros de estos grupos una oportunidad para hablar y ser escuchados 1836 . Esto es consistente con lo que establecen los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, que recomiendan que “los medios de comunicación eviten el uso de estereotipos en cuanto a la orientación sexual y la identidad de género, promuevan la tolerancia y aceptación de la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género humanas y sensibilicen al público en torno a estas cuestiones” 1837 . 48. En conclusión, con miras a desarrollar legislación y medidas consistentes y efectivas para prohibir y sancionar la incitación al odio, no debe confundirse al discurso de odio con otros tipos de discursos provocadores, estigmatizantes u ofensivos. Además, los Estados deben adoptar legislación que prohíba toda apología del odio que constituya incitación a la violencia u otra acción similar. La imposición de sanciones bajo el cargo de apología del odio – conforme a la definición y prohibición contenidas en el artículo 13.5 de la Convención- requiere un escrutinio estricto dado que, como principio fundamental, la prohibición de un discurso debe ser excepcional. Una sanción debe estar respaldada por prueba actual, verdadera, objetiva y contundente de que la persona no sólo estaba emitiendo una opinión (incluso si esa opinión es injusta o perturbadora) pero que la persona tenía la clara intención de promover la violencia ilegal o cualquier otra acción similar contra las personas LGBTI, así como la capacidad de lograr este objetivo y constituir un verdadero riesgo de daños contra las personas que pertenecen a estos grupos. Estos elementos deben establecerse claramente en los sistemas jurídicos nacionales, sea explícitamente en la ley o a través de la interpretación del Poder Judicial. En otras palabras, las sanciones penales deben ser vistas como medidas de última instancia que sólo deben aplicarse en situaciones que estrictamente lo justifiquen, de conformidad con el artículo 13.5 de la Convención Americana. También deben considerarse sanciones y recursos civiles y administrativos, sumados al derecho a la rectificación y la réplica. 49. Asimismo, cuando funcionarios de alto nivel incurren en discurso de odio, afectan no sólo el derecho a la no discriminación de los grupos afectados, sino también la confianza de esos grupos en las instituciones estatales y, en consecuencia, la calidad y el nivel de su participación en la democracia. En razón 1833 CIDH, Una mirada a la violencia contra personas LGBTI en América: un registro que documenta actos de violencia entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014, Anexo al Comunicado de Prensa No. 153. 17 de diciembre de 2014.. Ver también: Plan de Acción Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, hostilidad o violencia. 5 de octubre de 2012. Recomendaciones a otros actores. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf 1834 Asamblea General de la ONU, Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, A/67/357, 7 de septiembre de 2012, párr. 74. 1835 Asamblea General de la ONU, Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, A/67/357, 7 de septiembre de 2012, párr. 74. 1836 Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión; Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Declaración Conjunta sobre Universalidad y el Derecho a la Libertad de Expresión. 6 de mayo de 2014. 1837 Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Recomendaciones adicionales, pág. 36. Marzo de 2007. 388
de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas disciplinarias adecuadas respecto del discurso de odio o la incitación a la violencia cometidos por funcionarios públicos. Los medios también juegan un papel importante en el combate a la discriminación, los estereotipos, los prejuicios y los sesgos, incluyendo el enfatizar sus peligros, por lo que deben adherirse a los estándares profesionales y éticos más altos, así como adoptar códigos voluntarios profesionales de conducta. 389
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