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una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad
(“test tripartito”). Cuando se trata de limitaciones impuestas por normas penales, la Corte Interamericana ha
señalado que se deben satisfacer adicionalmente las exigencias propias del principio de estricta legalidad: “Si
la restricción o limitación proviene del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos
característicos de la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad” 758 . Lo anterior
se concreta en la necesidad de “utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas
punibles”, lo cual implica “una clara definición de la conducta incriminada, la fijación de sus elementos y el
deslinde de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales” 759 .
Además, en su Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, los Relatores Especiales
recordaron la importancia de evitar establecer restricciones especiales al contenido de los materiales que se
difunden a través de Internet 760 . De conformidad con este principio, las leyes que establezcan
responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión deben ser neutrales en
cuanto a la tecnología y evitar, salvo justificación razonable, aumentar las penas por el simple hecho de que
los delitos sean cometidos a través del uso de Internet o las tecnologías de la comunicación en general.
580. Asimismo, la regulación en esta materia debe dejar en claro que bajo ninguna circunstancia,
los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que se limiten a
difundir información pública clasificada como reservada, por considerarla de interés público, pueden ser
sometidos a sanciones ulteriores por el mero hecho de la publicación. En igual sentido, las fuentes
confidenciales y materiales relacionadas con la divulgación de información reservada deben ser protegidas
por la ley.
581. El 29 de octubre, en una sesión plenaria en la Asamblea Legislativa, el grupo parlamentario
de la Gran Alianza por la Unidad Nacional presentó un proyecto de reformas al Código Penal, con el objetivo
de imponer penas privativas de la libertad a los responsables de delitos contra el honor (calumnia,
difamación e injuria). Dichos delitos cuentan con castigos que van desde 50 a 360 días de multa. La reforma
impone una pena de prisión de uno a tres años por el delito de calumnia, de tres a cinco años cuando fuere
con publicidad o reiterada, y de cinco a ocho años de prisión cuando se hacen reiteradas y con publicidad 761 .
582. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), aseveró que la
libertad de expresión se encuentraba amenazada por una propuesta de reforma a delitos contra el honor. La
fundación aseveró que esa fue la segunda propuesta del año que surge en torno a la limitación del derecho de
libertad de expresión e información, por lo que como parte de sus recomendaciones, indicaba que “no se debe
retroceder en materia de regulación de los delitos contra el honor al retomar penas de prisión que traigan
como consecuencia la autocensura, o más grave, el abuso de la aplicación de los mismos a las voces críticas,
por lo que el proyecto debe ser rechazado” 762 .
758
Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de
noviembre de 2009. Serie C No. 207. Párr. 55.
759
Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de
noviembre de 2009. Serie C No. 207. Párr. 55.
760
Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la
Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de
la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso
a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 11 de junio de 2011. Declaración Conjunta
sobre Libertad de Expresión e Internet. Principio 1 d); en igual sentido, ver, Council of Europe. Committee of Ministers. Declaration on
freedom of communication on the Internet. Principle 1: “Member states should not subject content on the Internet to restrictions which go
further than those applied to other means of content delivery”.
761
elsalvador.com. 5 de noviembre de 2015. Partidos aún están dispuestos a analizar propuesta "mordaza" presentada por
GANA; El Mundo. 30 de octubre de 2015. GANA pide cárcel para difamación y calumnia.
762
Fusades. Noviembre de 2015. Libertad de expresión amenazada mediante propuesta de reforma a delitos contra el honor.
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