Z9IWbE

­ Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Sentencia de 3 de septiembre de 2012.
El caso se refiere al ataque perpetrado contra el periodista Luis Gonzalo ‘Richard’
Vélez Restrepo por parte de soldados del Ejército Nacional colombiano mientras
filmaba una manifestación en la que soldados de dicha institución golpearon a varios
de los manifestantes. Se refiere además a las amenazas y hostigamientos que
sufrieron el periodista y su familia, e incluso un presunto intento de privación
arbitraria de libertad contra el periodista, ocurridos mientras el Sr. Vélez intentó
impulsar los procesos judiciales en contra de sus agresores. La Corte Interamericana
encontró al Estado colombiano responsable por violar la integridad personal y la
libertad de expresión del periodista. También encontró al Estado responsable por no
haber protegido adecuadamente al Sr. Vélez ante las amenazas recibidas, y por no
haber investigado eficazmente el ataque que sufrió y los hostigamientos posteriores.
La Corte destacó que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente
cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones
físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”; por tanto los Estados
“tienen el deber de brindar medidas de protección a la vida y la integridad de los
periodistas que estén sometidos a [un] riesgo especial”. Entre otras medidas de
reparación, ordenó al Estado “incorporar, en sus programas de educación en
derechos humanos dirigidos a las Fuerzas Armadas, un módulo específico sobre la
protección del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y de la labor que
cumplen los periodistas y comunicadores sociales”.
­ Caso Uzcátegui y Otros Vs. Venezuela. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. En esta
sentencia, la Corte condenó al Estado venezolano por su responsabilidad en la
violación, entre otros, del derecho a la vida de Néstor José Uzcátegui; de los derechos
a la libertad e integridad personal del defensor de derechos humanos Luis Enrique
Uzcátegui y de Carlos Eduardo Uzcátegui; y del derecho a la libertad de expresión de
Luis Enrique Uzcátegui. En cuanto a este último asunto, la sentencia constata que
frente al asesinato de Néstor Uzcátegui, su hermano, Luis Enrique no sólo denunció
los hechos ante la Fiscalía sino que afirmó, a través de distintos medios de
comunicación que, a su juicio, el entonces Comandante General de las Fuerzas
Armadas Policiales del Estado Falcón era responsable de varios homicidios
ejecutados por “grupos de exterminio” bajo su mando. Con ocasión de tales
afirmaciones Uzcátegui fue intimidado y hostigado. También fue objeto de una
denuncia por el delito de difamación, por parte del Comandante policial concernido.
La Corte dio por probados los hostigamientos y amenazas producidos como efecto
de las denuncias de Uzcátegui. Asimismo, consideró que las afirmaciones realizadas
públicamente por Luis Enrique Uzcátegui podían y debían “ser entendidas como
parte de un debate público más amplio acerca de la posible implicación de las
fuerzas de seguridad estatales en casos de graves violaciones de derechos humanos”.
Teniendo en cuenta la relevancia de tales afirmaciones, la Corte consideró que la
existencia del proceso penal, su duración en el tiempo, y la circunstancia del alto
cargo de quien interpuso la querella “pudo haber generado un efecto intimidador o
inhibidor en el ejercicio de [la] libertad de expresión, contrario a la obligación
estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de este derecho en una sociedad
democrática”. Sobre las amenazas e intimidaciones, la Corte, teniendo en cuenta que
“es posible que la libertad de expresión se vea ilegítimamente restringida por
condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o
mayor vulnerabilidad a quienes la ejercen”, consideró que es una obligación de todo
Estado “abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o
profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas
necesarias y razonables para prevenir violaciones o proteger los derechos de
quienes se encuentren en tal situación”. En el caso concreto, la Corte consideró que
el Estado no demostró “haber realizado acciones suficientes y efectivas para
prevenir los actos de amenazas y hostigamiento contra Luis Enrique Uzcátegui, en el
14