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383. Sobre este particular la Relatoría Especial recuerda que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha indicado que “El Estado debe garantizar que, ante la denegatoria de información bajo el control
estatal, exista un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita que se determine si se produjo una
vulneración del derecho del solicitante de información y, en su caso, se ordene al órgano correspondiente la
entrega de la información” 521 .
H. Internet y libertad de expresión
384. En el mes de julio, la Corte Constitucional promulgó la Sentencia T-277de 2015, en la cual se
resolvió un recurso de tutela interpuesto contra el diario El Tiempo (su versión web) 522 . El caso tuvo origen
en la solicitud interpuesta por una ciudadana con el objeto de retirar una nota periodística de la página web
del diario y de los motores de búsqueda en internet, sobre la supuesta participación de la accionante en
hechos constitutivos de delito, en relación con los cuales nunca fue declarada. En dicha sentencia la Corte
Constitucional se ocupó de estudiar la posibilidad de des-indexar el contenido en los buscadores web. La
Corte decidió vincular a la empresa Google al caso toda vez que la solicitud hacía referencia al motor de
búsqueda de esa compañía.
385. La Corte Constitucional determinó que el contenido de la nota vulneraba los derechos de la
accionante. No obstante determinó que Google no tenía responsabilidad frente al caso y quien debía tomar las
medidas correctivas era el diario El Tiempo. La Corte al referirse a la posibilidad de que sea el buscador el
encargado de des-indexar esa información señaló que, “esta medida entraña la posibilidad de convertir al
motor de búsqueda en un censor o controlador de los contenidos publicados por los usuarios que acceden a la
red. Esto, a juicio de la sala, y como lo advierten varios de los intervinientes, puede afectar la arquitectura de
Internet por la vía de desconocer sus principios rectores de acceso en condiciones de igualdad, no
discriminación, y pluralismo. A su vez, se declara que una intervención de este tipo no solo tiene una mera
influencia técnica en el funcionamiento de un medio de comunicación sino que compromete, además, el
derecho a la información de las personas que acceden al servicio, es decir, todos los ciudadanos”.
386. Bajo dicha tesis la Corte Constitucional desechó la posibilidad de pronunciarse en el mismo
sentido que lo hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Costeja v. AEPD 523 , porque a su juicio
“implica a la vez un sacrificio innecesario del principio de neutralidad de internet y, con ello, de las libertades
de expresión e información” 524 .
387. Para la Corte Constitucional, imponer responsabilidades a los intermediarios implicaría una
afectación a la neutralidad de la red, la cual a su vez, es fundamental para la libertad de expresión. Así las
cosas, la Corte resolvió no ordenar el retiro de la nota pero, para tutelar los derechos de la afectada ordenó al
medio de comunicación que se publique una actualización de la nota y para lo cual estableció que existe un
deber de actualización en cabeza de los medios de comunicación, en particular cuando estos cubren temas
judiciales como el del caso en estudio.
388. La Corte Constitucional determinó que para proteger los derechos a la honra y el buen
nombre de la accionante, la medida menos lesiva para la libertad de expresión es hacer uso de herramientas
tecnológicas que impidan que la nota aparezca en el buscador de Google. Según la sentencia, es el medio de
comunicación el obligado a usar las herramientas técnicas como “robots.txt” y “metatags”, para evitar que por
137.
521
Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Párr.
522
Corte Constitucional de Colombia. 12 de mayo de 2015. Sentencia T-277 de 2015. Expediente T-4296509. Magistrada
Ponente Maria Victoria Calle Correa. Bogotá, D.C.
523
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 13 de mayo de 2014. Asunto C-131/12. Google Spain, S.L., Google Inc. y Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González.
524
Corte Constitucional de Colombia. 12 de mayo de 2015. Sentencia T-277 de 2015. Expediente T-4296509. Magistrada
Ponente Maria Victoria Calle Correa. Bogotá, D.C.
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