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que se difundan a través de estos servicios, de conformidad con los estándares internacionales sobre
la materia.
d. Promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute universal y
efectivo del derecho a la libertad de expresión por este medio.
e. Garantizar que el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto
de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen
y/o destino del material, servicio o aplicación, de conformidad con el principio de neutralidad de la
red.
H. Programas de vigilancia y reserva de la fuente
19. Durante 2015, la Relatoría Especial reiteró su preocupación por la existencia de programas y
prácticas de seguridad que puedan generar un perjuicio serio a los derechos universales a la intimidad y a la
libertad de pensamiento y expresión. En consecuencia, instó a las autoridades correspondientes a que revisen
la legislación pertinente y modifiquen sus prácticas, con la finalidad de asegurar su adecuación a los
principios internacionales en materia de derechos humanos.
20. En este sentido, la Relatoría recomienda a los Estados miembros:
a. Revisar su legislación para establecer los límites a la potestad para vigilar las
comunicaciones privadas, su necesidad y proporcionalidad, de conformidad con los derechos
universales de las personas y los principios de derecho internacional que han sido recogidos en este
informe.
b. Asegurar que el público pueda acceder a información sobre los programas de
vigilancia de comunicaciones privadas, su alcance y los controles existentes para garantizar que no
puedan ser usados de manera arbitraria. En todo caso, los Estados deben establecer mecanismos de
control independientes capaces de asegurar transparencia y rendición de cuentas sobre estos
programas.
c. Abstenerse de sancionar a los periodistas, integrantes de medios de comunicación o
miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada sobre este tipo de
programas de vigilancia, por considerarla de interés público. En igual sentido, las fuentes
confidenciales y materiales relacionadas con la divulgación de información reservada deben ser
protegidas por la ley.
d. Establecer regulaciones que garanticen que individuos vinculados al Estado que
expongan irregularidades, hechos graves de mala administración, violación de los derechos humanos,
violaciones del derecho humanitario u otras amenazas al interés público en general, por ejemplo en
cuanto a seguridad del medio ambiente, estén protegidos contra sanciones legales, administrativas o
relacionadas con el empleo, incluso cuando hayan actuado de una forma que viola una norma
vinculante o contrato, siempre y cuando al momento de la revelación hayan tenido fundamentos
razonables para creer que la información revelada era sustancialmente verdadera y exponían
irregularidades o las otras amenazas arriba mencionadas.
I. Acceso a la información
21. En este período la Relatoría Especial observó nuevamente la incorporación de los estándares
del sistema interamericano sobre acceso a la información en el derecho interno de algunos Estados, bien
mediante la expedición de leyes especiales de acceso a la información, o a través de decisiones de algunos
tribunales nacionales. Con la entrada en vigencia de las leyes de acceso a la información pública en Colombia
y Paraguay, suman 22 los países del hemisferio que adoptaron normas legales para garantizar y hacer
efectivo el ejercicio de este derecho. No obstante, se pudo advertir que en varios Estados miembros persisten
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