Z9IWbE

951. Por último la Relatoría Especial estima pertinente hacer referencia a lo consagrado en el
artículo 37 del reglamento a estudio sobre el trámite que el defensor debe dar a las solicitudes presentadas
por la audiencia, de acuerdo con el cual deberá acusar recibo a cada una de las solicitudes y remitirla al área o
departamento responsable del concesionario, para que a su vez este de una respuesta y aclare la situación en
dos días, de no hacerlo el defensor deberá ponerlo en conocimiento del Instituto para valorar la posibilidad
de iniciar un proceso administrativo sancionatorio.
952. La Relatoría Especial pone de presente que el alcance del derecho de respuesta, establecido
en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ha sido definido por la
Comisión y la Corte en distintas oportunidades. El derecho de respuesta debe interpretarse en forma
armónica con el artículo 13 del mismo texto que define el contenido, alcance y la protección del derecho a la
libertad de expresión, para evitar que se convierta en un mecanismo de censura indirecta o de
amedrentamiento a los medios de comunicación. En la Opinión Consultiva 7/86 sobre la Exigibilidad del
Derecho de Rectificación o Respuesta, la Corte IDH sostuvo que al regular el Derecho de Respuesta los
Estados no deben hacerlo de manera tan amplia que vulneren las disposiciones del Artículo 13 de la CADH
sobre libertad de expresión, pero al mismo tiempo tampoco deben interpretar la libertad de expresión de
forma tan laxa que se vulnere el derecho a rectificación o respuesta 1219 .
953. Es claro entonces que la regulación sobre radiodifusión debería apuntar a superar las
desigualdades existentes en el acceso a los medios de comunicación, por ejemplo de sectores sociales
desfavorecidos. En ese sentido, los estados deben abstenerse de discriminar a estos sectores sino que además
deben promover políticas públicas activas de inclusión social. No obstante, es jurisprudencia consolidada del
sistema interamericano que las limitaciones a la libertad de expresión deben ser “necesarias en una sociedad
democrática”, proporcionales e idóneas para el logro de los objetivos que se persiguen y en la medida que se
impongan restricciones a la libertad de expresión de los medios, entonces esta deberá respetar estos tres
requisitos. (estándares radiodifusión párr. 38)
954. En este sentido, las disposiciones del proyecto que vienen de verse podrían constituir una
restricción desproporcionada a la libertad de expresión, dado que impone cargas importantes a todos los
medios de comunicación audiovisual, ya sean grandes empresas o conglomerados mediáticos, pequeños
medios locales o comunitarios, para dar respuesta a las audiencias sobre las eventuales denuncias. El
reglamento parece convertir el mecanismo de auditoría y promoción de buenas prácticas que debe realizar el
defensor de las audiencias, en un mecanismo punitivo que deberá activar denuncias, rectificaciones,
respuestas y procesos sancionatorios que se activen ante cada solicitud. En ese sentido, la Relatoría Especial
quiere recordar que la naturaleza del derecho de rectificación y respuesta es la de facilitar a las personas
afectadas por informaciones inexactas o agraviantes la posibilidad de responder en espacios razonables, pero
no la de sancionar a los medios por sus informaciones, lo que eventualmente debe ser resuelto en otro tipo de
procesos y bajo otras garantías. Tampoco el derecho de rectificación o respuesta u otros mecanismos, como
las defensorías, deben servir para interrumpir emisiones y ocupar espacio de los medios, ya sean impresos o
audiovisuales, de forma arbitraria o desproporcionada 1220 .
955. El SIDH ha reiterado que hay un deber ético de los periodistas y los medios, que debe
resolverse básicamente bajo la auto-regulación y no bajo esquemas punitivos o sancionatorios. En un reciente
fallo, la Corte Interamericano consideró que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable,
aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta su informació n. Es decir, resulta valido
reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el
derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. En consecuencia, los periodistas
tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos
relevantes. En sentido similar, el Tribunal Europeo ha señalado que la libertad de expresión no garantiza una
1219
Corte I.D.H. Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7. Párr. 25.
1220
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre
e incluyente. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 3/09 30 de diciembre de 2009. Párr. 38.
268