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judicial 1032 . Esta información debe ser difundida regularmente y de manera proactiva por el Estado, para así
garantizar un amplio acceso a dicha información y promover el debate y el escrutinio público de las políticas
que se implementen en este ámbito. La Comisión Interamericana ha señalado que esta obligación implica
necesariamente producir información y datos estadísticos sobre la denuncia y procesamiento de casos de la
violencia contra mujeres periodistas 1033 .
776. En relación con este punto, la CIDH recomienda al Estado: realizar investigaciones diligentes,
imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra
periodistas y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, de conformidad con lo expresado
en este informe. Esto supone la existencia de unidades y protocolos de investigación especiales, así como la
identificación y el agotamiento de todas las hipótesis criminales posibles que vinculen la agresión con el
ejercicio profesional de la víctima. Asimismo, el Estado debe impulsar la investigación, procesamiento y
condena de los autores intelectuales de los asesinatos de quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de
expresión; brindar capacitación técnica adecuada y formular e implementar pautas y manuales de actuación
sobre delitos contra la libertad de expresión, incluidos aquellos relacionados específicamente con cuestiones
de género, para funcionarios encargados de investigar y juzgar tales delitos, incluidos policías, fiscales y
jueces; fortalecer la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público, dotarla de los recursos
humanos y materiales suficientes y definir claramente su competencia respecto de la investigación de delitos
contra la libertad de expresión. Asimismo, debe juzgar por tribunales imparciales e independientes a todos
los responsables de los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación por causa del ejercicio de la
libertad de expresión, remover los obstáculos legales a la investigación y sanción de dichos delitos, asegurar a
las víctimas y sus familiares una participación lo más amplia posible en la investigación y procesos judiciales,
así como una reparación adecuada y eliminar las barreras de género que obstaculizan el acceso a la justicia;
elaborar y mantener estadísticas precisas sobre la violencia contra periodistas y el juzgamiento de tales
delitos, así como generar indicadores confiables sobre los diferentes factores que propician hechos violentos
o delictivos. Finalmente, en el marco del Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la Seguridad de Periodistas
y la Cuestión de Impunidad, el Estado debe continuar trabajando de manera conjunta con organismos
internacionales de promoción y protección de derechos humanos en la elaboración e implementación de
medidas efectivas para erradicar la impunidad de los crímenes contra periodistas y comunicadores.
II.
Ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas,
comunicadores sociales y operadores de justicia
777. La CIDH valora positivamente la aprobación de Ley de Protección para las y los Defensores
de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada por
unanimidad por el Congreso Nacional el 15 de abril de 2015 en tercer y último debate 1034 . Según la
información aportada por el Estado en sus observaciones al proyecto del presente informe, se ha asegurado la
sostenibilidad del mecanismo de protección mediante una asignación de 10 millones de lempiras 1035 .
1032
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Violencia contra
periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de
la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párrs. 59-61.
1033
CIDH. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68. 20 de enero de 2007.
Párrs. 42-43. Ver también, Naciones Unidas. CEDAW. Recomendación General 19: La Violencia contra la Mujer. ONU Doc.A/47/38.1. 11º
Período de Sesiones 1992, párr. 24. c). Disponible para consulta en:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom18; CEPAL. Abril de 2012. Cuaderno 99. Si no
se cuenta, no cuenta: Información sobre la violencia contra las mujeres.
1034
Congreso Nacional de Honduras. Decreto No. 34-2015. Ley de protección para las y los defensores de derechos humanos,
periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. El proyecto había sido presentado por el Poder Ejecutivo el 28 de mayo de
2014 ante el Congreso Nacional de la República. A inicios de junio de 2014, el Congreso Nacional la habría aprobado en primer debate. El
6 de agosto de 2014, el Congreso habría aprobado en segundo debate dicha ley.
1035
Comunicación del Estado de Honduras, Oficio Nro. SG/064/MHOEA/2015, Observaciones del Estado de Honduras al
Proyecto de Informe sobre Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2015, 14 de diciembre de 2015. La CIDH ha
dado seguimiento cercano a la discusión del proyecto de Ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas,
comunicadores sociales y operadores de justicia. Luego de aprobado el proyecto en primera discusión, la CIDH recibió información sobre
una serie de preocupaciones que tendría la sociedad civil. Al respecto, se señaló que el mecanismo contemplaría la representación en el
Consejo Nacional de Proteccion del Colegio de Abogados, del Colegio de Periodistas así como de cinco representantes de organizaciones
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