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19. MÉXICO
A. Avances
858. El 16 de abril de 2015, el Congreso de la Unión aprobó el decreto mediante el cual se expidió
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1123 . Esta ley es el resultado de un proceso
que lleva varios años que culminaron con la aprobación de una serie de reformas constitucionales para dotar
al derecho de acceso a la información pública de protección constitucional y establecer la independencia y
autonomía del órgano de aplicación de las normas de acceso a la información y protección de datos.
859. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es el resultado de un
proceso incluyente en el que participaron diferentes actores entre ellos, la academia y organizaciones de la
sociedad civil, que tuvieron un papel fundamental para que la ley no se apartara del texto constitucional y los
estándares internacionales en materia de acceso a la información.
860. La ley tiene alcance federal y tiene el objetivo de establecer medidas concretas para
fortalecer la cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la
participación ciudadana y la rendición de cuentas (artículo 2), a todos los niveles del Estado. Establece los
principios de rectores de máxima publicidad y buena fe reconocidos por el Sistema Interamericano para
garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho al acceso a la información. Dispone que, además de las
autoridades y organismos pertenecientes a las diferentes ramas del poder público, también son sujetos
obligados del derecho de acceso a su información y la protección de datos personales, los partidos políticos
órganos autónomos, fideicomisos, fondos públicos y cualquier persona privada natural o jurídica o sindicato
que reciba y ejecute recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal
(artículo 23).
861. La ley crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, como responsable en materia de transparencia y acceso a la información. El
sistema tiene por objeto fortalecer la rendición de cuentas del Estado y su finalidad es coordinar y evaluar las
acciones de la política pública de trasparencia, acceso a la información y protección de datos, así como
establecer los criterios y lineamientos para la aplicación de la citada ley (artículo 28). Este sistema está
conformado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), los órganos garantes de las Entidades Federativas, la Auditora Superior de la Federación, el
archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (artículo 30).
862. El Sistema cuenta con un Consejo Nacional, conformado por los integrantes del mismo y está
presidido por el Presidente del INAI (artículo 32), puede funcionar por comisiones o en pleno y deberá
reunirse por lo menos cada seis meses. El Sistema, contará además con un Secretario Ejecutivo designado por
el pleno del INAI (artículo 36).
863. Para velar por el cumplimiento de los lineamientos de la ley, además de los órganos garantes
la ley dispone la creación de Comités de Transparencia al interior de cada uno de los sujetos obligados
(artículo 43).
864. La ley también reglamenta la prueba de daño que deben hacer los sujetos obligados a la hora
de negar acceso a una información basado en alguna de las excepciones establecidas por la ley. En la
respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado deberá a través de la mencionada prueba
demostrar que, (i) la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés público o la seguridad nacional; (ii) el riesgo de perjuicio que supondría la
divulgación supera el interés público general de que se difunda; y (iii) la limitación se adecua al principio de
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el daño (artículo 104).
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Diario Oficial de la Federación. 4 de mayo de 2015. Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
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