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644. El 29 de junio, la FISC dictaminó que la NSA puede reanudar temporalmente su programa de
recolección de metadatos telefónicos 832 . La Corte sostuvo que la Ley de Libertad de Estados Unidos, de
reciente promulgación, puso fin a con la recolección masiva de metadatos telefónicos, pero “al hacerlo, el
Congreso deliberadamente dejó un plazo de 180 días siguientes a la fecha de promulgación en el que dicha
recolección se autorizó específicamente”. La FISC sostuvo que “es consciente de que, antes de la promulgación
de la Ley de Libertad de Estados Unidos [USA Freedom Act], el Segundo Circuito [Second Circuit] de Clapper
rechazó los argumentos del gobierno relativos a que los archivos con los detalles de llamadas adquiridos en el
marco del programa de la NSA eran relevantes para una investigación autorizada que no fuera una evaluación
de la amenaza como lo requiere [la ley].” Sin embargo, añadió que “los fallos del Segundo Circuito no son
vinculantes para la FISC, y esta Corte discrepa respetuosamente con el análisis de ese tribunal, especialmente
ante la promulgación interpuesta de la Ley de Libertad de Estados Unidos”.
645. El 9 de noviembre, el juez de una Corte de Distrito de Estados Unidos [U.S. District Court]
Richard Leon, concedió una renovada solicitud de medida preliminar a los demandantes en el caso Klayman y
otros, v. Obama y otros, y ordenó la suspensión de la futura recolección y consulta de sus metadatos de
registros telefónicos 833 . El juez reconoció que “durante el actual período de transición de 180 días, el
Programa de Metadatos Telefónicos Masivos ha continuado por mandato judicial, no legislativo”. Consideró
que “la recolección masiva diaria e indiscriminada, la retención y el análisis a largo plazo de los metadatos de
telefonía casi con certeza violan la expectativa razonable que tiene una persona de su vida privada”. El juez
concluyó que “es probable que el demandante logre demostrar que las búsquedas durante este período de
transición de 180 días aún no logran aprobar el examen constitucional”, y que sufrirá un daño irreparable
ante la ausencia de medidas preliminares, ya que “la pérdida de las libertades constitucionales incluso por un
solo día constituye un daño considerable”.
646. En la Declaración Conjunta sobre la libertad de expresión y las respuestas a las situaciones
de conflicto, adoptada en mayo de 2015, se indica que “[l]as situaciones de conflicto no deberían ser
utilizadas para justificar el aumento de la vigilancia por parte de actores del Estado dado a que la vigilancia
representa la invasión a la privacidad y una restricción de la libertad de expresión”. A este respecto, la
Relatoría Especial reitera que los programas de vigilancia deben ser diseñados e implementados atendiendo a
los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Particularmente, los Estados deben
garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal, incluidas todas las limitaciones al
derecho de la persona afectada a acceder a información sobre las mismas, estén claramente autorizadas por
la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o abusivas en sus intereses privados. La
ley deberá atender a un objetivo legítimo y establecer límites respecto a la naturaleza, alcance y duración de
este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades competentes para autorizar, ejecutar y
supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación. Asimismo, la ley debe autorizar el acceso a las
comunicaciones y a datos personales solo en las circunstancias más excepcionales definidas en la legislación.
Cuando se invoque la seguridad nacional como razón para vigilar la correspondencia y los datos personales,
la ley debe especificar claramente los criterios que deben aplicarse para determinar los casos en los cuales
este tipo de limitaciones resultan legítimas. Su aplicación deberá autorizarse únicamente cuando exista un
riesgo cierto respecto de los intereses protegidos y cuando ese daño sea superior al interés general de la
sociedad en función de mantener el derecho a la privacidad y a la libre expresión del pensamiento y
circulación de información 834 .
647. Asimismo, la Relatoría Especial ha observado que las decisiones de realizar tareas de
vigilancia que invadan la privacidad de las personas deben ser autorizadas por autoridades judiciales
832
United States. Foreign Intelligence Surveillance Court. In re application of the Federal Bureau of Investigation for an order
requiring the production of tangible things. Docket no. Br. 15-7529. In re motion in opposition to government's request to resume bulk
da ta collection under Patriot Act Section. 215. Docket No. Misc 15-01. Junio de 2015.
833
United States District Court for the District of Columbia. Klayman et al., Plaintiffs v. Obama et al., Defendants. Civil Action
No. 13-851. Memorandum Opinion. 9 de noviembre de 2015.
834
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el
estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 415.
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