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que cualquier persona puede solicitar la información “que emane o esté en posesión de cualquier organismo
público sea o no estatal” y no tiene que informar los motivos por los que desea obtener la información ni que
planea hacer con ella. El organismo está obligado a dar los datos, salvo cuando es información reservada o
confidencial 1405 .
1115. Luego de algunos hechos que pusieron bajo sospecha la calidad del agua potable en algunos
departamentos del país, y que generaron un intenso debate público, académicos y periodistas denunciaron
que el gobierno nacional decidió centralizar la comunicación sobre el tema e impidió a diversos actores
involucrados con la problemática –como los gobiernos departamentales, la academia, la empresa estatal
proveedora de agua corriente– hacer declaraciones a los medios de comunicación sin autorización 1406 .
1116. El Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL), un instrumento creado por CAinfo e
implementado por la Universidad Católica del Uruguay con el objetivo de medir la transparencia de los
organismos públicos a través de sus páginas web, relevó que los ministerios y gobiernos departamentales no
alcanzaron niveles altos de transparencia activa en línea en 2014. De acuerdo al informe, presentado el 3 de
septiembre, los ministerios redujeron de 47% de cumplimiento de las obligaciones del ITAeL en 2013 a 41%
en 2014 y las intendencias redujeron de 41% a 35% en igual período 1407 .
1117. El principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que “[e]l acceso a la
información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a
garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar
establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la
seguridad nacional en sociedades democráticas”.
H. Vigilancia de las comunicaciones
1118. El 17 de septiembre la SCJ informó que, de acuerdo a un convenio firmado con el Ministerio
del Interior, la Justicia no tendrá la posibilidad de controlar el software “El Guardián”, un sistema de vigilancia
e interceptación de telecomunicaciones adquirido por ese Ministerio. Su funcionamiento estará
exclusivamente en manos del gobierno, dijo el ministro de la SCJ Ricardo Pérez Manrique. El acceso de los
jueces se limita al programa informático que utilizarán para aprobar las interceptaciones –que luego se
ejecutarán con el “El Guardián”– llamado Sistema Administrador de Interceptaciones Legales (Sail). Por tanto,
de acuerdo al ministro de la Corte, el Poder Judicial no estará en condiciones de auditar el funcionamiento del
software de vigilancia informática 1408 .
1119. La Relatoría Especial reitera que los programas de vigilancia deben ser diseñados e
implementados atendiendo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Particularmente, los Estados deben garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal,
incluidas todas las limitaciones al derecho de la persona afectada a acceder a información sobre las mismas,
estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o
abusivas en sus intereses privados. La ley deberá atender a un objetivo legítimo y establecer límites respecto
a la naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades
competentes para autorizar, ejecutar y supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación.
Asimismo, la ley debe autorizar el acceso a las comunicaciones y a datos personales solo en las circunstancias
1405
Semanario Búsqueda. 22 de octubre de 2015. Funcionarios incumplen la ley de acceso. Disponible en: Archivo de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1406
Semanario Búsqueda. 28 de junio de 2015. El gobierno restringe la información sobre la calidad del agua potable.
Disponible en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1407
Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo) y Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). Índice
de Transparencia Activa en Línea (ITAeL) 2014; Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). 3 de septiembre de 2015.
Ministerios e intendencias sin niveles altos de transparencia activa.
1408
Semanario Búsqueda. 17 de septiembre de 2015. La Justicia no tendrá control directo sobre el software espía “El Guardián” y
solo podrá ejercer una supervisión “cuantitativa”. Disponible en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
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