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pluralismo, la tolerancia y la libertad de pensamiento y expresión, y para la facilitación de un diálogo y un
debate libre y abierto entre todos los sectores de la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. La Asamblea
invitó a los Estados Miembros a considerar las recomendaciones de la Relatoría Especial de la CIDH para la
Libertad de Expresión y solicitó a la CIDH realizar un seguimiento y la profundización del estudio de los
temas contenidos en los volúmenes pertinentes de sus informes anuales correspondientes a los años 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010 sobre la libertad de expresión.
11. En materia de acceso a la información, la Asamblea General ha realizado varios
pronunciamientos respaldando la labor de la Relatoría Especial, y ha instado a la adopción de sus
recomendaciones. En 2003, en su resolución 1932 (XXXIII-O/03), reiterada en 2004 en la resolución 2057
(XXXIV-O/04) y en 2005 en la resolución 2121 (XXXV-O/05), la Asamblea General exhortó a la Relatoría
Especial a continuar elaborando un capítulo en sus informes anuales sobre la situación del acceso a la
información pública en la región. En 2006, a través de la resolución 2252 (XXVI-O/06), entre otros puntos, se
encomendó a la Relatoría Especial asesorar a los Estados miembros de la OEA que soliciten apoyo para la
elaboración de legislación y mecanismos sobre acceso a la información. Asimismo, se pidió a la CIDH hacer un
estudio sobre las distintas formas de garantizar a todas las personas el derecho a buscar, recibir y difundir
información pública sobre la base del principio de libertad de expresión. En seguimiento a esta resolución, en
agosto de 2007 la Relatoría Especial publicó el “Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la
Información” 6 . En el 2007 la Asamblea General aprobó la resolución 2288 (XXXVII-O/07), que resaltó la
importancia del derecho al acceso a la información pública, tomó nota de los informes de la Relatoría Especial
sobre la situación del derecho de acceso a la información en la región, instó a los Estados a adaptar su
legislación para garantizar este derecho, y encomendó a la Relatoría Especial asesorar a los Estados
miembros en dicha materia. En 2008, la Asamblea General de la OEA también aprobó la resolución 2418
(XXXVIII-O/08), que resaltó la importancia del derecho de acceso a la información pública, instó a los Estados
a adaptar su legislación a los estándares en la materia y encomendó a la Relatoría Especial asesorar, así como
continuar incluyendo un capítulo sobre la situación del acceso a la información pública en la región como
parte de su informe anual.
12. En 2009, la resolución 2514 (XXXIX- O/09) de la Asamblea General de la OEA reiteró
nuevamente la importancia del derecho de acceso a la información pública, y reconoció que el pleno respeto a
la libertad de expresión, al acceso a la información pública y a la libre difusión de las ideas, fortalece la
democracia y contribuye a un ambiente de tolerancia de todas las opiniones, a una cultura de paz y no
violencia, y a fortalecer la gobernabilidad democrática. Asimismo, encomendó a la Relatoría Especial apoyar a
los Estados miembros de la OEA en el diseño, ejecución y evaluación de sus normativas y políticas en materia
de acceso a la información pública, y a seguir incluyendo en su informe anual un capítulo sobre la situación
del acceso a la información pública en la región.
13. En esa misma resolución, la Asamblea General encomendó al Departamento de Derecho
Internacional que redactase, con la colaboración de la Relatoría Especial, el Comité Jurídico Interamericano, el
Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad, así como con la cooperación de los Estados
Miembros y de la sociedad civil, una Ley Modelo sobre Acceso a la Información Pública y una Guía para su
implementación, de conformidad con los estándares internacionales alcanzados en la materia. Para el
cumplimiento de este mandato se conformó un grupo de expertos del cual formó parte la Relatoría Especial,
que se reunió tres veces durante un año para discutir, editar y finalizar los documentos. Las versiones finales
de los dos instrumentos fueron aprobadas por el grupo de expertos en marzo de 2010 y presentadas al
Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente en abril de 2010. El Consejo Permanente, en
mayo de 2010, elevó una resolución y el texto de la Ley Modelo a la Asamblea General, la cual, en junio de
2010 emitió la resolución AG/RES 2607 (XL-O/10). A través de dicha resolución se aprobó el texto de la Ley
Modelo 7 y se reafirmó la importancia de los informes anuales de la Relatoría Especial.
Agosto de 2007.
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CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información (2007).
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OEA. Resolución AG/RES 2607 (XL-O/10). La Ley Modelo y Guía de Implementación
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