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122. El 10 de septiembre el intendente de Junín, provincia de Buenos Aires, Mario Meoni, informó
al diario local Democracia que eliminaría la publicidad municipal en el medio por estar “disgustado” con su
línea editorial 177 .
123. El 18 de septiembre se divulgó el informe semestral de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en el que se hace mención a que
el Estado argentino gasta 12 millones de pesos por día en propaganda oficial. “El listado de beneficiarios de la
propaganda gubernamental sigue encabezado por grupos nacidos o criados al calor del dinero del Estado,
escuálidos de audiencia pero anabolizados con ingentes partidas presupuestarias, que burlan toda
razonabilidad”, criticó la organización periodística 178 .
124. En su informe semestral sobre la situación de la libertad de prensa en el continente,
divulgado el 2 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que los gastos en propaganda
oficial del gobierno durante el primer semestre de 2015 superaron los 145 millones de dólares. La asignación
de la pauta oficial fue “arbitraria” y respondió, en gran medida, a “intereses electorales”, sostuvo la
organización 179 .
125. La Relatoría Especial recuerda que en el artículo 13.3 de la Convención Americana se
establece que “[n]o se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En este sentido, también la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el principio
13 indica que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de
prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el
otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o
premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas
informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
N. Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
126. La Relatoría Especial resalta el trabajo realizado por la Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual, creada por la Ley 26.522 para que los oyentes y televidentes puedan presentar
sus consultas, reclamos y denuncias. En especial destaca el enfoque no punitivo y su trabajo de promoción del
derecho a la libertad de expresión vinculado con la necesidad de que los medios respeten los derechos
humanos, la dignidad de las personas y tomen especialmente en cuenta la situación de grupos en desventaja.
La Defensoría “vela porque en la radio y la televisión no se promuevan o se inciten tratos discriminatorios,
que no se menoscabe la dignidad humana, que no haya violencia simbólica contra las mujeres ni
comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de niños,
niñas y adolescentes” 180 .
127. Así por ejemplo, el 20 de febrero, luego de recibir un reclamo para que se transmita en forma
gratuita por televisión abierta los partidos en los que participe el equipo de Club Atlético San Lorenzo de
Almagro en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Defensoría emitió una resolución recomendando a la
177
Democracia. 13 de septiembre de 2015. Meoni cortó la publicidad en Democracia y pretende ceder un predio a La Verdad;
InfoGEI. 14 de septiembre de 2015. Rechazan el retiro de pauta municipal al diario Democracia de Junín.
178
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). 18 de septiembre de 2015. Adepa pidió restaurar la plena
vigencia de la libertad de prensa.
sobre Argentina.
179
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 2 de octubre de 2015. Asamblea General, Charleston, Carolina del Sur. Informe
180
Defensoría del Público. Sin fecha. ¿Quiénes somos?
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