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contexto particular del estado Falcón”, por lo que “no cumplió con su deber de
adoptar las medidas necesarias y razonables para garantizar efectivamente [sus]
derechos a la integridad personal y a la libertad de pensamiento y expresión”, en los
términos de la CADH.
­ Caso Norin Catriman y Otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena
Mapuche) vs Chile. Sentencia de 29 de mayo de 2014. El caso se refiere a los procesos
penales y condenas impuestas a ocho dirigentes, miembros y activistas del Pueblo
indígena Mapuche, como autores de delitos calificados de terrorismo en aplicación
de la Ley 18.314 (conocida como “Ley Antiterrorista”), en un contexto de protesta
social por la recuperación de los territorios ancestrales de dicho Pueblo Mapuche y
el respeto del uso y goce de sus tierras y sus recursos naturales. En su fallo, la Corte
examinó la compatibilidad de las penas accesorias impuestas en el presente caso en
contra de las víctimas, con las cuales quedaron inhabilitados por el plazo de quince
años “para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador
del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o
difusión de opiniones o informaciones”. La Corte consideró que la referida pena
accesoria supone una restricción indebida al ejercicio del derecho a la libertad de
pensamiento y expresión de las víctimas, “no sólo por haber sido impuesta
fundándose en sentencias condenatorias que aplicaron una ley penal violatoria del
principio de legalidad y de varias garantías procesales, sino además porque en las
circunstancias del presente caso es contraria al principio de la proporcionalidad de
la pena”. Añadió que dado que las víctimas son autoridades tradicionales del Pueblo
indígena Mapuche a quienes “les incumbe un papel determinante en la
comunicación de los intereses y en la dirección política, espiritual y social de sus
respectivas comunidades”, la imposición de la referida pena accesoria “les ha
restringido la posibilidad de participar en la difusión de opiniones, ideas e
información a través del desempeño de funciones en medios de comunicación social,
lo cual podría limitar el ámbito de acción de su derecho a la libertad de pensamiento
y expresión en el ejercicio de sus funciones como líderes o representantes de sus
comunidades. Esto a su vez incide negativamente en la dimensión social del derecho
a la libertad de pensamiento y expresión, la cual de acuerdo con lo establecido por la
Corte en su jurisprudencia implica el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y
noticias vertidas por terceros”. Asimismo reiteró su jurisprudencia en cuanto al
“efecto intimidante en el ejercicio de la libertad de expresión que puede causar el
temor a verse sometido a una sanción penal o civil innecesaria o desproporcionada
en una sociedad democrática, que puede llevar a la autocensura tanto a quien le es
impuesta la sanción como a otros miembros dela sociedad”. En el presente caso, el
Tribunal determinó “que la forma en la que fue aplicada la Ley Antiterrorista a
miembros del Pueblo indígena Mapuche podría haber provocado un temor
razonable en otros miembros de ese pueblo involucrados en acciones relacionadas
con la protesta social y la reivindicación de sus derechos territoriales o que
eventualmente desearan participar en estas”. Por lo anterior, estimó que el Estado
había violado el derecho a la libertad de expresión, en perjuicio de las víctimas.
­ Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Sentencia de 22 de
junio de 2015. En esta sentencia la Corte Interamericana declaró responsable
internacionalmente al Estado de Venezuela por la violación de varios derechos,
como consecuencia del cierre del canal de televisión Radio Caracas Televisión
(“RCTV”) ocurrido el 27 de mayo de 2007, a raíz de la decisión del Estado de no
renovar la licencia para operar una porción del espectro eléctrico que anteriormente
había sido asignada a RCTV y, por tanto, impedir la participación en los
procedimientos administrativos a un medio de comunicación que expresaba una
línea críticas contra el gobierno. En particular, la Corte decidió que se configuró una
restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de directivos
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