ACTAS

232 Convergencias mediáticas y nueva narrativa latinoamericana
de Derechos y en el título VII del régimen del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador (2008)
y desarrollado normativamente en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) (2013) del país andino.
La concepción de dicho derecho en el imaginario del Buen Vivir o Sumak Kawsay, tomado de la cosmovisión
indígena, le concede un matiz social y, por ende, lo relaciona con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966) (Sáez, 2015), articulando mecanismos de protección que permiten realizar
comunicaciones a las personas y a los grupos que sean víctimas de una violación por algún Estado Parte
de sus DESC mediante el protocolo facultativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
10 de diciembre de 2008, y firmado y ratificado por Ecuador en 2013.
Dos años después de su aprobación, distintos colectivos reclaman la conformación de un consejo ciudadano,
la falta de consolidación de medios comunitarios, una mayor profesionalización del personal de los medios de
comunicación. Tal es el caso del observatorio opositor Fundamedios, la organización no gubernamental Human
Rights Watch o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien instó el pasado 15 de junio de 2015 a
la Asamblea General de la OEA a prestar atención a los “ataques contra la libertad de expresión cometidos por
dicha normativa” (EFE, 15 de junio de 2015). Por su parte, el dirigente de la Superintendencia de la Información
y Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa, informó que en los dos años de aplicación de la LOC se ejecutaron
un total de 506 procesos, sancionando a 198 medios de las 1144 empresas de comunicación del país.
2. Desarrollo
A continuación se presentan los resultados de la evolución del escenario mediático de Ecuador desde 2011 a
2015, tomando como referencia la primera categoría de los indicadores de desarrollo mediático de Unesco,
“un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios de
comunicación social” (Unesco, 2008). Esta primera categoría evalúa el marco jurídico y político del país andino,
para entender la forma y los contenidos mediáticos.
Un país podría contar con leyes idóneas sobre la libertad de expresión y el derecho a la información,
pero podría ser deficiente en su aplicación práctica. Podría limitarse su funcionamiento
mediante una cultura del secreto o la corrupción, por la resistencia institucional, o por la falta de
capacidad técnica e institucional de la administración pública (Unesco, 2008, p.11).
La organización internacional también advierte que las garantías constitucionales “podrán erosionarse mediante
excepciones y derogaciones de las obligaciones de los tratados internacionales” (ibídem). El desarrollo
legal de un armazón normativo sumamente garantista en el caso ecuatoriano durante los últimos años, impulsado
principalmente por la LOC; contrasta con la utilización de excepciones, como la censura previa decretada
por las autoridades ecuatorianas para gestionar el inicio de la actividad del volcán Cotapaxi (Decreto 755,
Presidencia de la República del Ecuador), y con un fuerte papel del Estado en lo que se refiere a las sanciones
administrativas hacia medios de comunicación y periodistas.
El entorno mediático ecuatoriano se ha trasformado entre 2011 y 2015 por múltiples razones, entre las que
destacan la voluntad política y el marco normativo, generando procesos de redistribución y la democratización
del ecosistema del país andino que aún poseen grandes desafíos.
Entre las causas destacan la sostenibilidad y la competencia real entre medios públicos, privados y comunitarios
a las que hacen referencia distintos informantes en las entrevistas en profundidad llevadas a cabo en la tercera
fase de la investigación:
El problema real de los medios de comunicación social en el Ecuador es su sostenibilidad. Hay medios de comunicación
que acumulan mucha publicidad y otros que no tienen nada. Creo que el concepto de distribución
y equitativa de publicidad pública y privada es un desafío aún para el Ecuador en cuanto al desarrollo mediático.