ACTAS

I Congreso Internacional de Periodismo 235
recibir información de relevancia pública y veraz.
Por otra parte, la LOC prohíbe el “linchamiento público”, concepto definido en la norma ecuatoriana como “la
difusión de la información que (…) sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente (…) con el
propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.
Por último, conviene recordar que en todos los tratados internacionales la titularidad del derecho recae en
todas las personas, lo que implica su universalidad sin discriminación alguna. Por ende, la LOC provoca un
choque con la legislación internacional en tanto establece a los titulares, que deben “formar parte del sistema
de comunicación social” (Art. 2 LOC).
2.2. Sistema para regular los medios audiovisuales
Los principios para la regulación de medios audiovisuales están recogidos en cinco declaraciones de Unesco
sobre la Promoción de medios independientes y pluralistas, avaladas por las conferencias generales de la organización
y otras instituciones internacionales como Artículo 19.
En primer lugar, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación aparece recogido
en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Comunicación como un “cuerpo colegiado con personalidad jurídica,
autonomía funcional, administrativa y financiera, cuyo presidente ejercerá la representación legal, judicial y
extrajudicial de esta entidad” y contará con un consejo consultivo de carácter no vinculante.
Y en segundo lugar, la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) es un organismo gubernamental
regulatorio, creado por el artículo 55 de la LOC, “con capacidad sancionatoria, de administración
desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y
organizativa; que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información
y Comunicación”.
El 31 de enero de 2015 la Superintendencia sancionó al dibujante Xavier Bonilla, Bonill, por una viñeta donde
presentaba a policías allanando el domicilio del exsindicalista petrolero y asesor legislativo Fernando Villavicencio.
Asimismo, la Superintendencia sancionó a El Universo, medio en el que se había publicado la viñeta,
al pago de 140.000 dólares.
2.3. Leyes sobre difamación y otras restricciones legales sobre periodistas
La llegada al poder del presidente Correa en 2007 dignificó el trabajo de los periodistas, en cuanto se reguló
el sueldo mínimo que podían percibir. Hasta ese momento, la Ley del Ejercicio Profesional del Periodista (1975)
establecía la obligatoriedad de la titulación académica y la afiliación a un colegio profesional de los profesionales
de la información, lo cual, según el informe de Unesco-Quito (2011), suponía una “limitación al ejercicio
del derecho a la libertad de expresión e información y a otros derechos de la comunicación establecidos en
la Constitución del Ecuador”.
Estas disposiciones legislativas en relación a quiénes podían ejercer el periodismo no se regían por los principios
de sociedades democráticas, sino que se consideraban una limitación al ejercicio de la libertad de expresión
que no ha sido corregido en la actualidad.
De hecho, la propia LOC restringe en su sección III algunos derechos a aquellas personas que participen con
cargos en medios de comunicación audiovisual, lo que genera restricciones jurídicas innecesarias sobre la
libertad de expresión y el acceso a la información activo y pasivo.
Según la ONG Human Right Watch en su informe de 2015: “El gobierno del Presidente Rafael Correa ha ampliado
el control estatal sobre los medios de comunicación y la sociedad civil. Las tácticas aplicadas en 2014
incluyen procesos penales por difamación y sanciones administrativas contra periodistas y medios de comunicación
críticos, así como intentos agresivos de desacreditar a defensores de derechos humanos en el país”.