ACTAS

I Congreso Internacional de Periodismo 233
La otra cuestión que me parece importante es plantear condiciones de competencia real entre medios de comunicación
social en la publicidad pero también en el tratamiento de los contenidos. Competencia leal que permita
equilibrar. Creo que un sistema de medición de rating más justo, que ya está aprobado por el Cordicom, tendría
que implementarse en los próximos años para que los anunciantes de publicidad tengan mucha más información
y mucho más precisa de quiénes son los canales de mayor rating nacional, regional o local. Ahora hay una asimetría
muy fuerte en eso. (Paulina Mongrovejo, Entrevista Personal Nº5. Noviembre de 2015)
Para observar en qué ha cambiado el escenario mediático en cuanto a redistribución y democratización es necesario
observar cuál es el papel que la legislación ha concedido a medios públicos, privados y comunitarios,
así como de qué manera se ha materializado la división de la tarta de las radiofrecuencias en el país andino y
la aproximación a la opinión de los expertos sobre democratización.
En este sentido, llama la atención que tanto en el análisis jurídico-polítológico de la LOC (capítulo IV), como
en la opinión de los especialistas se atribuyan consecuencias de diversa índole de este armazón legislativo a
los derechos laborales de los periodistas, así como a la profesionalización de trabajadores de medios de toda
índole.
Además, Ley Orgánica de Comunicación ha generado la protección del derecho a réplica y rectificación, así
como a casos de difamación y censura previa. En este sentido, es especialmente relevante el decreto 755 sobre
el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, que tuvo consecuencias diversas para los distintos informantes,
destacando el caso del programa Visión 360 de la televisión privada líder de audiencia Ecuavisa “El despertar
del Cotopaxi” que fue programado tras el estado de excepción, el 19 de octubre de 2015.
2.1. Marco político y jurídico
La libertad de expresión está garantizada por la Constitución de la República del Ecuador de 2008, que en su
artículo 66.6 reconoce a “todas las personas el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en
todas sus formas y manifestaciones”.
Asimismo, el afán del legislador por reconocer a distintos actores hace que en el artículo 36 y en el 45 se vuelva
a garantizar este derecho para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mientras que en el artículo 47 se hace
referencia al acceso para personas con discapacidad de los medios de comunicación. La propia Unesco aludía
a que “el principio de la no discriminación es primordial” (Unesco, 2008, p. 11), refiriéndose a que el derecho
a la información debe aplicarse por igual a todos los sectores de la sociedad y todas las organizaciones mediáticas
y no solo a ciertos grupos privilegiados. En este sentido, la articulación en diversas partes de la norma
estaría en la línea de la sugerencia de la organización internacional.
El espíritu constitucional ecuatoriano es fuertemente garantista con respecto a la libertad de expresión, que
vuelve a aparecer en el artículo 383, en el que se atribuye al Estado la formulación de una política pública de
comunicación que sea regida por los principios constitucionales y por las leyes internacionales en materia de
derechos humanos. Además, el artículo 383 afirma que: “el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio
de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación
ciudadana”.
Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) posee un marco de protección de la
libertad de expresión más amplio que los instrumentos nacionales. Según el artículo 13 de la CADH, que se
basa en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
La ambigüedad de algunos aspectos de la norma nacional conlleva riesgos que ya fueron alertados en el
informe de Unesco-Quito (2011: 22), en el que se hacía referencia a que “los alcances e interpretaciones que