ACTAS

236 Convergencias mediáticas y nueva narrativa latinoamericana
2.4. Censura
La Constitución de la República del Ecuador prohíbe en su artículo 18 la censura previa acerca de los hechos,
acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. Asimismo, “durante el estado
de excepción Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del
derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de
asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución” (Art. 165). En este
sentido, el punto 4 de este artículo hace referencia explícita a que se podrá “disponer censura previa en la
información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción
y a la seguridad del Estado”.
Si bien en la Carta Magna se hace referencia a responsabilidades ulteriores, ya en el informe de Unesco-Quito
(2011) se alertaba de que ni la Constitución ecuatoriana ni su desarrollo legislativo en esta materia establecían
los límites en el sentido expresado en los estándares interamericanos y, en particular, en el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Siguiendo el espíritu constitucional, la Ley Orgánica de Comunicación de 2013 prohíbe la censura previa, cuya
definición incluye el deber de los medios privados de difundir temas que el gobierno considere de “interés
público”.
Por tanto, como se ha expuesto en el anterior apartado, existe una distancia entre el espíritu de la ley y la
aplicación, por ejemplo, del decreto 755, sobre proceso eruptivo del volcán Cotopaxi que tuvo lugar en agosto
de 2015.
2.5. Derechos laborales de los profesionales de la información
En gran parte de las entrevistas se ha hecho referencia explícita al indicador 1.6. “El Estado no coloca restricciones
jurídicas innecesarias sobre los medios de comunicación social” de los IDM de Unesco (2008) y, en
particular, sobre el suindicador que hacía referencia a si existían disposiciones legislativas que dicten quiénes
pueden ejercer el periodismo o requerimientos para que los periodistas tengan licencia o registro.
Cordicom promueve el cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación que plantea que las actividades periodísticas
permanentes, no todas las actividades periodísticas y no todos los contenidos periodísticos, sean realizados
por profesionales, es decir, que un noticiero de más de dos horas o de la mañana, la tarde y la noche que esté
realizado por el mismo profesional por supuesto que va a tener que contar con un título de periodista.
Igual en el trabajo de reportería. Obviamente lo que se pide es que una persona que trabaja como reportero en
un medio de comunicación social pueda o tenga el título profesional. (Paulina Mongrovejo, Entrevista Personal
Nº5. Noviembre de 2015)
En este sentido, el director de El Telégrafo se mostró muy crítico con la lucha por los derechos laborales de
organizaciones gremiales en Ecuador:
Ya no es una cuestión del jefe del medio o una lucha de los organismos gremiales (los organismos gremiales
tradicionales no han hecho absolutamente nada). En general los comunicadores, los periodistas, los técnicos, fotógrafos…
tienen ahora unas garantías de un trabajo que les permite que cuando sus derechos se vean vulnerados
puedan acudir a la Ley de Comunicación y que se les haga efectivo.
Al mismo tiempo ha generado procesos de profesionalización, de titularización de personas que hacen funciones
sin necesidad de título y por lo tanto pueden ser maltratadas laboralmente. Eso es lo básico.
Yo creo que eso ha rebasado a la lucha que supuestamente se planteaba en los gremios de periodistas que no
lo hacían. La Unión Nacional de Periodistas (UNP), que surge como la representación nacional aunque no lo es,