ACTAS

234 Convergencias mediáticas y nueva narrativa latinoamericana
en la práctica pueden hacer los órganos administrativos y judiciales acerca de las condiciones establecidas en
artículo 18.1 de la Constitución abren la puerta a conflictos con las recomendaciones formuladas por el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos en relación a la libertad de expresión” y que no han sido corregidos
con la LOC.
El artículo en cuestión de la Carta Magna nacional hace referencia a la censura previa, una forma de supresión
radical de la posibilidad de expresar un pensamiento, determinando que “todas las personas, en forma individual
o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada,
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de
interés general, y con responsabilidad ulterior” (Art. 18.1. Constitución ecuatoriana).
Precisamente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ya alertó en 2009 que la censura previa no debe limitar la libertad de expresión, según el artículo
13.2 de la CADH. Asimismo, Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza (2007: 21), expusieron que el artículo
13.2 debe interpretarse de acuerdo con las disposiciones del 13.3, que es más explícito en prohibir las restricciones
a la libertad de expresión por medio de “vías o medios indirectos [...] encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones”.
Durante el periodo 2011-2015 se ha producido un avance en el marco jurídico de libertad de expresión, recogiéndola
en la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, que hasta 2013 solo estaba garantizada por la Constitución
y la Ley de Radiodifusión y Televisión (1975/1995). En septiembre de 2014, el Tribunal Constitucional
del Ecuador negó las demandas de inconstitucionalidad de la LOC.
Si bien la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2014, p. 139) destacó que la norma “consagra los
principios más importantes del ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión (…), [también] expresó
su preocupación por las gravosas restricciones que la misma ley estableció a la hora de regular esos principios,
lo que podrían hacerlos prácticamente inaplicables, impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión y generar un efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática” .
El informe anual de la Relatoría Especial para la libertad de expresión 2014 da cuenta de que el marco regulatorio
ecuatoriano de los medios de comunicación continúa presentando incompatibilidades con la Convención
Americana en este sentido.
En particular, la LOC exige que toda la información difundida por medios de comunicación debe ser “verificada”
y “precisa”, lo cual podría facilitar la censura y permitir que estos criterios imprecisos sean utilizados
de manera poco clara. De hecho, la propia Relatoría Especial (2009: 433) recomendó a los Estados miembros
la eliminación de cualquier calificativo que pueda implicar censura a la libertad de expresión, tales como las
exigencias previas de veracidad, oportunidad e imparcialidad en la información.
Según el informe de la Relatoría Especial (2014, p. 142), el 4 de junio de 2014 la Supercom admitió a trámite la
denuncia contra los diarios El Universo, El Comercio, Hoy y La Hora por presunta violación de la LOC referente
a la prohibición de la censura previa contemplada en el artículo 18:
La denuncia habría sido presentada por Carlos Vera Quintana, coordinador del Observatorio de Comunicación y
Derechos y Fundación Pensar Crítico, quien habría considerado que los diarios no dieron cobertura “suficiente”
sobre la visita del presidente Rafael Correa a Chile en mayo. El denunciante habría considerado la omisión de
información como un atentado a “la libertad de expresión y el servicio público que brinda a la sociedad”. El 5 de
junio, la Supercom habría admitido a trámite una segunda denuncia contra el diario La Hora por no haber dado
cobertura informativa de con “la calidad y profundidad que merecía” la visita del presidente Correa a Chile. Esta
denuncia habría sido presentada por Carlos Zambrano Brandt en presunta violación a los artículos 18 y 22 de la
LOC. El artículo 18 de la LOC establece, entre otros aspecto, que “la omisión deliberada y recurrente de la difusión
de temas de interés público constituye un acto de censura previa”. El artículo 22 hace referencia al derecho a