La Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto

Prioridad de la educación
de jóvenes y adultos
La gravedad de la problemática del rezago educativo,
demanda tomar decisiones rmes y decididas
con prioridad a la atención de los grupos
en situación de vulnerabilidad.
Empero, la prioridad en cuanto a la educación
de los jóvenes y los adultos no puede
ser en detrimento de la atención que debe tener
el sistema escolarizado. Más aún cuando
este sistema genera, en buena medida, las altas
tasas de rezago que hoy existen.
Se trata de posicionar el tema en el lugar
primordial que siempre debió haber tenido
para hacer justicia a los que más necesitan y menos
tienen. Y centrar las estrategias y líneas de
acción en los sectores vulnerables, en la alfabetización,
en las poblaciones rurales e indígenas,
las mujeres, las personas con discapacidad, los
desempleados.
La educación merece la más alta prioridad
entre los programas sociales de apoyo a la población
joven y adulta en situación de vulnerabilidad,
porque de esta primacia depende que los
programas compensatorios dejen de tener un
simple efecto asistencialista y sean sustentables
y mejor aprovechados por los sujetos mejor educados,
una vez que hayan sido habilitados para
aprovechar los recursos más inteligentemente.
Redenir el concepto de
solidaridad social
La renovación del sentido de solidaridad social
sobre la educación y la educación de adultos
demanda una nueva forma de entenderla y un
cambio de actitudes sobre la participación de
la sociedad en la gestión educativa.
S I T U A C I Ó N D E L R E Z A G O A C U M U L A D O E N M É X I C O ( 2 0 1 0 )
. . . 149 . . .
Es necesaria una política pública más
clara en el discurso y en la acción que articule
la responsabilidad gubernamental y renueve el
concepto de solidaridad social en un esquema
de corresponsabilidad compartida, que reconozca
los problemas estructurales que producen,
reproducen y alimentan el rezago educativo.
La representación y la participación de
todas las partes interesadas son indispensables
para garantizar que sea receptiva a las necesidades
de todos los educandos, especialmente
de los más desfavorecidos.
La actualización del concepto de solidaridad
social no se puede entender en el sentido
de eximir al Estado de su responsabilidad de
hacer efectivo el derecho a la educación que
asiste a todos los mexicanos sin excepción alguna.
El Estado no debe ser obstáculo para la
participación social sino un promotor y animador
desencadenante de la capacidad potencial
para contribuir a la solución de los grandes
problemas nacionales. El Estado tiene la
responsabilidad de la cumplir con el derecho a
la educación pero no puede tener el monopolio
de la misma, porque la educación es una responsabilidad
que concierne a todos.
La solidaridad social es necesaria y sumamente
valiosa para la cohesión de las comunidades,
para ampliar la visión de los problemas
y multiplicar los esfuerzos gubernamentales con
el sector privado y las organizaciones de la sociedad
civil, pero siempre será insuciente por
sí misma para enfrentar los grandes problemas
nacionales.
La solidaridad puede complementar, enriquecer
y legitimar los programas de educación
de los jóvenes y adultos, pero no puede
suplir las obligaciones y responsabilidades del
Estado para que cumpla con el derecho a la
educación de los jóvenes y adultos.