La Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto

P L A N D E D I E Z A Ñ O S P A R A D E S A R R O L L A R E L S I S T E M A E D U C A T I V O N A C I O N A L
apoyo en función de la existencia de una multiplicidad
de instituciones federales, estatales y
modalidades mixtas, que operan en este nivel.
Esta situación se expresa también tanto en una
crónica indenición de las obligaciones y criterios
de nanciamiento por parte de los tres
órdenes de gobierno, como en una permanente
insuciencia de recursos para atender las necesidades
de operación y mejoramiento de la
calidad e inclusión.
En las dos últimas décadas el gobierno federal
puso en marcha una estrategia de nanciamiento
público basado en la operación de
fondos de nanciamiento extraordinario cuyos
recursos benecian a un segmento reducido del
universo de instituciones públicas y los montos
asignados enfrentan una permanente incertidumbre
debido a que no son regularizables, ni
existen disposiciones en la legislación mexicana
que protejan a programas educativos prioritarios
ante ajustes discrecionales en el gasto
público durante el ejercicio presupuestario.
La expansión de la matrícula de educación
media superior en décadas recientes se realizó
sin el correspondiente despliegue de acciones
encaminadas al mejoramiento de los niveles de
calidad educativa, al no existir una política
nacional de planeación y nanciamiento para
atender con ecacia los elevados niveles de
abandono escolar en este nivel, ni los requerimientos
mínimos de equipamiento y fortalecimiento
de la actividad docente.
En el ámbito de la educación superior, la
ciencia, la tecnología y la innovación, el marco
jurídico vigente, esencialmente federalista, pero
operativamente centralizado, establece los criterios
para asignar el nanciamiento público y
la corresponsabilidad que compete a cada uno
de los órdenes de gobierno y a las propias instituciones
educativas. Sin embargo, dicho mar-
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co resulta obsoleto, limitado e impreciso, provocando
el incumplimiento del mandato legal
que, en principio, obliga al Estado mexicano a
destinar recursos a ciencia y tecnología equivalentes
a 1% del PIB; asimismo, genera y reproduce
una permanente disputa distributiva
del presupuesto como también una marcada
incertidumbre que limita los esfuerzos de planeación
de mediano y largo plazo de las políticas
de educación superior, ciencia, tecnología
e innovación, así como de las funciones que
deben realizar las propias instituciones educativas
y de investigación.
En general las políticas e instrumentos de
nanciamiento en la práctica operan de manera
desarticulada y bajo diversas directrices, lo cual
reduce su impacto. En buena medida la asignación
y ejercicio de los presupuestos a estas actividades
se realiza de manera inercial, con una
débil base objetiva; está fuertemente inuida por
coyunturas económicas y políticas que conguran
escenarios de permanente incertidumbre.
En respuesta a la acelerada demanda de
estudios de nivel superior, en décadas recientes
se registró un notable crecimiento de instituciones
que operan bajo un marco institucional
de nanciamiento y regulación administrativa,
marcadamente heterogéneo, que reproduce una
oferta educativa altamente diferenciada en su
calidad.
El incremento de la matrícula registrado
en la última década no se ha visto acompañado
de un aumento proporcional de las plazas
académicas y de las remuneraciones al personal
docente; asimismo, dentro de las IPES prevalece
una multiplicidad de criterios que buscan
incidir en el mejoramiento del desempeño y la
trayectoria del personal académico.
La mayoría de las universidades públicas
enfrenta apremios nancieros asociados a