La Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto

distribuir la función educativa entre la federación,
los estados y los municipios, así como
para jar las aportaciones correspondientes a
ese servicio público, ni la Ley General de Educación
ni la Ley de Ciencia y Tecnología señalan
en qué proporción debe contribuir cada
uno de los órdenes de gobierno en el gasto público
destinado a la educación, la ciencia y la
tecnología, por lo que sería necesario discutir si
a través de una ley general se puede determinar
de manera precisa la forma en que éstos deben
concurrir en el nanciamiento de la educación,
la ciencia, la tecnología y la cultura.
Es importante señalar que, entre los problemas
que aquejan a la educación, especialmente
a la de nivel superior, se encuentra el
retraso en la entrega de recursos a las IES debido
a la falta de una norma que prevea su entrega
oportuna. Además éstas se ven afectadas
por la inclusión de condicionamientos para el
otorgamiento de fondos, los cuales podrían
afectar su autonomía.
Un aspecto positivo que el Estado mexicano
ha implementado en favor de la educación
—a pesar de que no se ha concretado hasta
ahora—, es el mérito de la legislación nacional
al establecer mínimos para el gasto educativo
y la investigación cientíca. Así, el artículo 25
de la Ley General de Educación, en su primer
párrafo, establece que:
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada
entidad federativa, con sujeción a las disposiciones
de ingresos y gasto público correspondientes
que resulten aplicables, concurrirán al
nanciamiento de la educación pública y de
los servicios educativos. El monto anual que
trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar
en materia de derechos de autor y otras guras de la propiedad
intelectual relacionadas con la misma.
E L M A R C O L E G I S L A T I V O D E L A E D U C A C I Ó N
. . . 415 . . .
el Estado —Federación, entidades federativas
y municipios—, destine al gasto en educación
pública y en los servicios educativos, no podrá
ser menor a 8% del producto interno bruto
del país, destinado de este monto, al menos
1% del producto interno bruto a la investigación
cientíca y al desarrollo tecnológico en
las instituciones de educación superior públicas.
En la asignación del presupuesto a cada
uno de los niveles de educación se deberá dar
la continuidad y la concatenación entre los
mismos, con el n de que la población alcance
el máximo nivel de estudios posible.
Por su parte, el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia
y Tecnología, determina que:
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad
federativa, con sujeción a las disposiciones
de ingresos y gasto público correspondientes
que resulten aplicables, concurrirán al
nanciamiento de la investigación cientíca
y desarrollo tecnológico. El monto anual que
el Estado Federación, entidades federativas y
municipios destinen a las actividades de investigación
científica y desarrollo tecnológico,
deberá ser tal que el gasto nacional en este
rubro no podrá ser menor a 1% del producto
interno bruto del país mediante los apoyos,
mecanismos e instrumentos previstos en la
presente ley.
Cabe resaltar que el artículo 25 de la Ley General
de Educación establece que al menos 1%
del PIB se debe destinar a la investigación cientíca
y al desarrollo tecnológico en las instituciones
de educación superior públicas. Sin
embargo el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia
y Tecnología señala que el monto anual que
el Estado —federación, entidades federativas y