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Una Revista Interdisciplinaria de Análisis Jurídico | RUPTURA
exige tomarse el trabajo de formular algunos recaudos a efectos de no caer en conclusiones
que exorbiten la propia fuerza argumentativa de las premisas planteadas.
En primer lugar, es igualmente “obvio” o propio del “sentido común” que la consideración
de la función económica de un contrato no puede llevarnos a vulnerar normas expresas
de derecho positivo, interpretando que no existe una solemnidad allí donde la ley
establece que debe existir. No puede justificarse la desatención de los requisitos de forma
establecidos en la ley para la validez de un contrato argumentando que el no cumplimiento
de tales requisitos priva al negocio de su función económica, porque, precisamente, esa es
la función de establecer legalmente una solemnidad: decirle a las partes que si no cumplen
con la forma sus actos (materiales) carecen de todo valor para el derecho, aún cuando crean
de buena fe que sus actos tienen valor, aún cuando paguen en consideración a dicha creencia,
y ciertamente aún cuando el uso en plaza sea no cumplir con dicho requisito de forma.
El caso además es que el establecimiento de esta solemnidad para toda transmisión del
derecho de autor no constituye un requisito carente de sentido, sino que resulta coherente
con el sistema de protección del autor consagrado en la Constitución Nacional (Artículo 33)
y en la LPLA y es consistente con la política adoptada por el Estado uruguayo de proteger
el derecho de autor como forma de fomentar la creatividad, política ésta a cuyo cumplimiento
nuestro Estado se ha comprometido ante numerosos organismos internacionales.
Entonces, aún reconociendo que todas las obras presumiblemente se hacen para ser divulgadas,
no podemos perder de vista que todo el sistema de protección del derecho de autor
se apoya en el principio fundamental de que es el autor (o el titular originario) el único que
puede decidir inicialmente qué usos se le dan a su obra. En otras palabras, es un ingrediente
esencial del sistema que el autor adquiera por la sola creación de la obra la potestad de
decidir y controlar la explotación de la misma. Y esto es, precisamente, lo que tutela el
artículo 8 LPLA al establecer con carácter general la exigencia de un pacto escrito para la
validez de toda transmisión del derecho de autor. El legislador está tutelando los intereses
del autor a través de exigir que toda explotación se encuentre amparada en un permiso
expreso del autor, de forma que éste último sea consciente de que aquellos derechos que
transmite sobre su obra y sobre los cuales pierde todo control.
Por otro lado, lo que parezca “obvio” o “claro” en el caso de las obras publicitarias,
puede no serlo si el mismo razonamiento se extiende a otras hipótesis de encargo de obra
intelectual en las que también exista un pago de precio y no se haya contemplado ninguna
transmisión en forma expresa y por escrito. En tal sentido, si nos alejamos por un segundo
de las obras publicitarias –cuya explotación en el mercado parece casi inherente a su propia
esencia- y pensamos en general en toda obra intelectual que sea creada por encargo, no
puede aceptarse sin más que por el sólo hecho de que se pague un precio y se encargue una
obra con la finalidad de darle algún uso, deba considerarse automáticamente que el autor
ha transmitido a favor del comitente los derechos necesarios para cumplir con esa finalidad
por el solo hecho de aceptar el encargo. Esta tesitura va igualmente contra el sistema de
derecho de autor 54 .
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Distinta es la hipótesis en que –como vimos- las partes establezcan en el contrato que los derechos
de autor son cedidos al comitente, pero que nada digan sobre los usos específicos que éste último puede
darle a la obra. En tal caso el pacto por escrito existe (y se cumple con el artículo 8 LPLA) y el vacío debe
colmarse en base a lo establecido por el artículo 32 LPLA: el comitente puede utilizar la obra de conformidad
con “los usos y la naturaleza y destino para que la obra ha sido hecha”.