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Una Revista Interdisciplinaria de Análisis Jurídico | RUPTURA
la crítica solo puede ser hipotética-, dedicaremos las páginas que siguen a demostrar la
tesis contraria.
No obstante, merecen también consideración algunas opiniones que van en el mismo
sentido que la doctrina citada por el TAC 4, aunque no fueron incluidas como fundamento
de la Sentencia.
En lo que respecta al argumento de Mascheroni – Massa sobre los usos de plaza 41 , cabe
apuntar que lo que sea costumbre en la plaza uruguaya no es en sí mismo un argumento a
favor de su juridicidad ni conformidad con el ordenamiento jurídico uruguayo. Se hace
necesario que estos autores aclaren de qué manera puede entenderse –jurídicamente- que
aquello que “normalmente” ocurre en materia de contrato de publicidad (asumamos que
normalmente se pacta la cesión expresa de los derechos de autor a favor del Anunciante)
pueda considerarse aplicable también en un caso en que las partes nada han acordado en
forma expresa en cuanto a la titularidad del derecho de autor. Como es sabido, los usos y
costumbres no son una fuente de derecho en Uruguay (salvo que la ley se remita a ellos) y
mucho menos tienen la virtualidad de derogar normas expresas que establecen lo opuesto
a lo que se pretende que rija a modo de “uso”. En efecto, muy por el contrario de lo que
“normalmente” parece ocurrir en Uruguay, resulta que el artículo 8 LPLA exige el pacto
expreso y escrito como requisito de validez para toda transmisión del derecho de autor. El
uso contrario a dicha norma (o más bien, su des-uso) no puede derogar un requisito de
solemnidad previsto legalmente. Luego, el hecho de que en la plaza de Uruguay sea (o no)
uso y costumbre pactar la cesión de derechos de autor a favor del Anunciante, es irrelevante
y no significa que en ausencia de ese pacto deba entenderse que tal cesión igualmente
existió. El hecho de facturar los servicios por parte de la Agencia y que se efectúe un pago
por el Anunciante de ninguna manera involucra una cesión expresa de los derechos de
autor sobre la obra creada en los términos del artículo 8 LPLA. De ahí que para sostener
que por el mero hecho de pagar el precio el Anunciante adquiere todos los derechos sobre
la obra publicitaria es necesario expresar algún fundamento jurídico que aquí no se encuentra.
Analicemos ahora el argumento que trae a colación Grompone con base en los antecedentes
legislativos de la Ley de 1937 –argumento este que no es mencionado, ni tampoco
citado por el TAC 4-. Este argumento es seguramente el que cuenta con mayor plausibilidad,
pues al menos acude a un elemento objetivo que es contrastable, como lo son los
antecedentes parlamentarios, y puede apoyarse en las reglas de interpretación e integración
de la ley contenidas en el Código Civil por las que se ordena al intérprete, para el caso
en que se deba “interpretar una expresión oscura de la ley”, tomar en consideración la “intención
o espíritu de la ley”, “claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su
sanción” (Artículo 17 C.C.). Los antecedentes a los que refiere Grompone consisten en el
Informe de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado respecto del proyecto
que a la postre vino a regir entre nosotros como la Ley 9.739, actualmente vigente. En dicho
informe resulta frontalmente admitido que la intención del legislador (al menos de alguno
de los legisladores que participaron en la elaboración del proyecto) fue establecer que el
comitente de una obra intelectual deviene en “propietario” de los derechos patrimoniales
sobre dicha obra 42 . Es más, la lectura de estos antecedentes revela que, al menos para el
41
Ver precedente nota 29.
42
En el Informe de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado (firmado por F. Santos, P.
Manini Ríos, J. Buero, Abalcázar García y R. Bado) que acompañó al proyecto sustitutivo que vino final-