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RUPTURA | Una Revista Interdisciplinaria de Análisis Jurídico 93
miembro informante, el encargo de obra era una suerte de título de adquisición originaria
de la propiedad intelectual, lo que surge del empleo de expresiones tales como “es de todo
punto de vista razonable y justo atribuir al que encarga la obra, el derecho de propiedad plena de la
misma”.
Más allá de que se comparta o no la opinión de este legislador en cuanto a lo que es
justo y razonable, parece claro que al decir que se “atribuyen” los derechos al comitente,
quiere decir que es la propia ley la que atribuye tales derechos.
Con relación a los antecedentes parlamentarios, anotemos por ahora que existe un divorcio
entre lo que al parecer era la opinión de algunos de los miembros del Senado y el
texto definitivo consagrado.
Desde un punto de vista conceptual el encargo de obra no supone que el autor pierda
su condición de tal con relación a la obra creada por encargo, ni significa que el comitente
realice creación intelectual alguna que justifique considerarlo “autor” o “coautor” de la
misma. De ahí que el principio general en la materia dicta que cualquier titularidad de
derechos patrimoniales sobre la obra será, por fuerza, de carácter derivado, lo que está
consagrado en el artículo 1 LPLA: “esta ley protege el derecho moral del autor de toda creación
literaria, científica o artística y le reconoce derecho de dominio sobre las producciones de su
pensamiento, ciencia o arte, con sujeción a lo que establecen el derecho común y los artículos
siguientes”. Y luego se confirma cuando el Artículo 2 desarrolla lo que significa ese “derecho
de dominio” que se reconoce al autor estableciendo que el mismo “comprende la facultad exclusiva
del autor de enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, adaptar, transformar, comunicar
o poner a disposición del público las mismas, en cualquier forma o procedimiento”.
A ello debe agregarse que no existe en la LPLA norma alguna que otorgue al encargo
de obra un tratamiento especial en cuanto al régimen de adquisición, sino tan solo algunos
casos excepcionales en que el legislador estableció un régimen especial de titularidad de
derechos (artículos 20, 24, 27, 29 y 30 de la LPLA), ninguno de los cuales refiere propiamente
y con carácter general a una hipótesis en que el encargo de obra tenga la consecuencia
una cesión de derechos a favor del comitente.
Por tanto, incluso admitiendo que la intención del legislador fue que el encargo de obra
produzca una suerte de adquisición originaria por el comitente del derecho de autor, esta
intención solo podría considerarse convertida en derecho positivo cuando surgiese de disposiciones
expresas o pudiere inferirse inequívocamente de las normas expresas establecidas,
pues estaríamos en presencia de una excepción a los principios generales que permitiría
desplazar del autor como titular originario de los derechos sobre su obra. Es más, no
sólo la LPLA no dice expresamente que el encargo de obra inviste al comitente de los derechos
de autor, sino que dice que toda transmisión de derechos es solemne, lo que parece ser
contrario a la existencia de un efecto “natural” del encargo de obra. Del mismo modo, si la
mente a convertirse en la Ley Nº 9.739, se dice a texto expreso lo siguiente: “Hay obra por encargo toda vez
que un autor se compromete a efectuar un trabajo determinado y un tercero a pagar un precio. La obra y sus frutos,
en tal caso, pertenece al adquirente (…) es de todo punto de vista razonable y justo atribuir al que encarga la obra, el
derecho de propiedad plena de la misma. Una solución contraria, solo perjudicaría al artista, que vería reducir
extraordinariamente el volumen de su trabajo (…) en consecuencia, dentro del espíritu de la ley, cuando existe obra
contratada, el adquirente puede considerarse dueño de la obra y de sus frutos, pero no podrá apropiarse de la paternidad
de la misma, ni impedir que el autor velando por su prestigio y buen nombre artístico, evite alteraciones o
deformaciones que perjudicarán su reputación”. Los párrafos citados se encuentran en el Diario de Sesiones de
la Cámara de Senadores, tomo 165 (del 3 de mayo al 30 de diciembre de 1937), págs. 657 y 658.