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RUPTURA | Una Revista Interdisciplinaria de Análisis Jurídico 171
De ese modo, solamente resulta resarcible el daño que es causado por una acción ilícita.
Así y en concordancia con el sistema general, debemos recordar que el artículo 1319 del
Código Civil establece que sólo se cae en responsabilidad al verificarse un hecho ilícito. Es
decir, si la emisión de gases contaminantes no es ilícita la empresa no deberá resarcir los
daños que genera.
En nuestro Derecho encontramos numerosa normativa que señala como ilícita la contaminación
ambiental. A vía de ejemplo, el propio artículo 47 de nuestra Constitución dispone
que “las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o
contaminación graves al Medio Ambiente”. Los mismos verbos nucleares son recogidos por el
artículo 3 de la Ley 17.283.
En cambio, el artículo 7 de la Ley 18.308 utiliza un giro más amplio aún, estableciendo
que es deber de todas las personas proteger el Medio Ambiente. Es decir, es ilícita cualquier
conducta que no lo proteja.
Por su parte, el artículo 17 de la Ley 17.283 establece en forma específica que queda
prohibido liberar o emitir a la atmósfera directa o indirectamente sustancias materiales o
energía por encima de los límites máximos o en contravención de las condiciones que establezca
el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Es decir,
hacer algo que cause algunas de dichas consecuencias es violatorio de la norma y, por
ende, antijurídico 55 . En tales casos se verificaría el elemento requerido por el artículo 1319.
Es de sumo interés referir lo establecido por el artículo 37 de la Ley 18.308, en cuanto
señala como deber de los propietarios de bienes inmuebles el abstenerse de realizar actividades
perjudiciales para el ambiente, los recursos naturales y el patrimonio natural. Si bien
el ámbito de aplicación de la norma es restringido, dentro del mismo desaparece la
antijuridicidad como elemento de la responsabilidad civil.
En efecto, si el deber consiste en no causar perjuicio, la sola causación del daño implica
la antijuridicidad. Es decir, siempre que haya daño se habrá configurado la ilicitud. Por
ello, la antijuridicidad pierde su autonomía, quedando subsumida dentro del elemento
central del sistema, el daño. Por ello, en el marco de la responsabilidad ambiental de los
propietarios de fincas, los únicos elementos estructurales son la relación de causalidad y el
daño.
Algo similar ocurre con la Ley 17.849, en la cual se señala que la violación de la ley
constituye contaminación grave. También aquí se confunde el elemento daño con el elemento
antijuridicidad.
En una postura inversa se señala que siempre que haya antijuridicidad en la materia
habrá necesariamente daño: “no existe ninguna inmisión ilegítima que no sea perjudicial 56 ”. Es
decir, esta corriente prescinde de la verificación del daño como elemento estructural de la
responsabilidad civil por daños al Medio Ambiente, al ser aquel de necesaria verificación
siempre que se produzca una acción antijurídica. Nuevamente, tales consideraciones nos
conducen a un concepto de ilicitud que se asimila con la invasión de la esfera jurídica ajena,
recordando el concepto de “daño injusto” del Derecho italiano.
55
Szafir y Doval, coincidiendo con Caumont y Mariño, señalan que aún cuando la afectación no sea
grave también se genera responsabilidad, en Consumo sustentable…, pág. 658.
56
de Angel Yágüez, Ricardo, “Una nueva forma de inmisión: los campos electromagnéticos. Lo tolerable
y lo que no lo es”, en “Derecho Privado, Libro en Homenaje a Alberto J. Bueres”, Hammurabi,
Buenos Aires, 2001, pág. 1.753.