ruptura 2

160
Una Revista Interdisciplinaria de Análisis Jurídico | RUPTURA
estos bonos de carbono (en el caso de las emisiones excedentes), transformándose, de ese
modo, en un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. Los defensores de
los MLD afirmar que este mecanismo beneficia a las empresas que no emiten o disminuyen
la emisión y hacen pagar a las que emiten más de lo permitido. Sin embargo, no todos están
de acuerdo con las bondades del MDL.
La investigadora Nadia Martínez, del Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington,
señala que “los países industrializados desvían sus compromisos de reducir sus emisiones
de carbono y evitan invertir en desarrollo de tecnología realmente limpia». De este modo, no
se prohíbe la emisión de estos gases, sino que se establece un precio cognoscible previamente
a dicha emisión. Así, quien evalúe contaminar puede efectuar un cálculo objetivo
previo acerca de cuanto le cuesta reparar el daño que produce: 20 dólares por cada tonelada
de emisión. Tal vez menos, si en vez de comprar un bono de carbono realiza directamente
una acción descontaminante merecedora de dicho título valor.
Sin embargo, lo particular del sistema radica en que la reparación no es al individuo
damnificado, sino que se socializa. Es decir cada tonelada de emisión (medida de valor del
daño al Medio Ambiente causado por estas emisiones) tiene un precio equivalente al valor
de mercado de un bono de carbono. Así, quien decide contaminar, puede adquirir previamente
uno de estos títulos, lo cual le habilita no internalizar las consecuencias negativas de
su actividad, más allá de 20 dólares por tonelada.
Vemos como la lógica de razonamiento es, justamente, la que en otros ámbitos se buscó
erradicar mediante la aceptación de la categoría de los daños punitivos. En tales casos se
buscó castigar a las empresas que elegían dañar en razón de que el coste de las ganancias
era superior al de las indemnizaciones. Así, mediante esta categoría de daños se les expropia
las ganancias obtenidas de este modo, procurando desestimular decisiones empresariales
de este tipo.
Sin embargo, aquí en lugar de desestimular las actividades económicamente redituables
pero contaminantes, se buscó que los empresarios que desarrollan las mismas asuman el
coste de desarrollar medidas mitigadoras, aunque no neutralizadoras.
A su vez, también se ha señalado que por el mecanismo en análisis “no es necesario
reducir la contaminación a escala global. Se trata, más bien, de que contamine el que puede pagarlo
13 ”. Es decir, pareciera que los países reunidos en Kyoto procuraron afrontar la problemática
del calentamiento global a partir de una resignación: admitir su carencia de poder
frente a las grandes industrias y la falta de voluntad propia de hacer primar el Medio Ambiente
sobre el Progreso.
De ese modo, en lugar de adoptar medidas fuertes que condujesen a inhibir las acciones
dañantes optaron por conceder derecho a realizar esas actividades solamente a quienes
puedan abonar un tributo por ello: 20 dólares por cada tonelada. La clausura del sistema
diseñado se verifica al destinar los fondos recaudados a medidas reductoras de GEI. Ante
ello nos preguntamos si era la voluntad real de los delegados de Kyoto afrontar seriamente
el problema de la contaminación o si es que sus fuerzas de poder solo alcanzaron a esbozar
el MLD, sin dudas, con todo preferible a la situación previa a Kyoto. Una tercera opción,
aunque lamentable, debe ser planteada: fue el lobby de las grandes industrias el que impulsó
una solución barata, pero útil para callar a las voces ambiente-activistas.
13
Artículo periodístico titulado ¿Cómo funcionan…