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RUPTURA | Una Revista Interdisciplinaria de Análisis Jurídico 175
sólo con la eficiencia económica, sino también con la equidad hacer responder a dicho empresario
por el daño consistente en el costo de oportunidad asociado. La forma de internalizar
dichos daños de un modo razonable consistiría en que las medidas paliativas y compensadoras
de la afectación de los recursos naturales sean abonados por el empresario en forma
previa a la comercialización y de un modo previsible. De este modo, dicho empresario
podrá trasladar al coste del producto dicha contribución reparatoria.
En definitiva y al cabo de este proceso, será el propio consumidor quien ejerza un mayor
gobierno sobre el modo de utilización de los recursos naturales, al poder escoger o no
adquirir dicho producto considerando cuanto le cuesta en dinero tomar las medidas
neutralizadoras del costo de oportunidad que genera.
En virtud de esta perspectiva el literal g del artículo 4 de la Ley 1334 de Paraguay
establece que el acto de consumo debe ser destinado a satisfacer necesidades humanas sin
socavar la calidad del medio ambiente y su capacidad para dar satisfacción a las necesidades
presentes y futuras. De este modo, el sistema protector del consumidor tiene por fundamento
un consumo sustentable 70 .
Es decir, en el caso paraguayo se reguló el problema colocando en la esfera de control
del productor el respeto al Medio Ambiente y el asumir los costes de ello. Siendo así, el
proveedor trasladará al precio de venta del producto los costes que dicha preservación del
ambiente le insumen. Por todo ello, al momento de adquirirlo el consumidor se encontrará
frente a un precio que internaliza las expensas del sistema medioambiental tuitivo, por lo
que podrá escoger su consumición o preferir no hacerlo, por entender inconveniente pagar
por mitigar un daño generado por un producto cuyos beneficios no lo justifican.
Algunos autores entienden que la misma postura se adoptó en nuestro país, ya que el
literal A del artículo 6 de la Ley 17.250 permite inferir la tutela contra los riesgos emergentes
de un acto de consumo, así como los que puedan derivarse de la puesta en el mercado
de productos que contaminen el medio ambiente 71 . Por su parte, el artículo 6 de la Ley
17.283 establece que la protección del ambiente constituye un compromiso que atañe al
conjunto de la sociedad, lo cual incluye por igual a consumidores y proveedores.
En cambio, el número 2 del artículo 5 de la ley ecuatoriana adoptó una perspectiva
inversa. En efecto, según la misma es obligación del consumidor preocuparse por no afectar
el medio ambiente mediante el consumo de productos o servicios que puedan resultar
peligrosos en ese sentido. En la misma línea, la Resolución del Consejo de la Comunidad
Económica Europea Número 3 del 14 de abril de 1975 estableció que “en lo sucesivo, el
consumidor no es considerado ya solamente como un comprador o un usuario de bienes o servicios
para un uso personal, familiar o colectivo, sino como una persona a la que conciernen los diferentes
aspectos de la vida social que pueden afectarle directa o indirectamente como consumidores”. El
consumidor tiene una responsabilidad social específica que se añade a la responsabilidad
social de la empresa 72 .
Así, el precio del producto no incluye los costos de preservación ni de resarcimiento
eventual, ya que los mismos no le corresponden al proveedor. Es el consumidor quien tiene
la obligación de proteger, por lo que quien introduce un producto al mercado no debe
efectuar ninguna previsión financiera en dicho sentido. Por ello, frente a una regulación de
70
Doval y Szafir, Consumo sustentable…, pág. 659.
71
Doval y Szafir, Consumo sustentable…, pág. 659.
72
Benedicto XVI, Carta encíclica Caritas in Veritate, Roma, 29 de junio de 2009.