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RUPTURA | Una Revista Interdisciplinaria de Análisis Jurídico 141
sar incrementadas pero por otra vertiente (penal p.ej.) para “descontar” la parte del efecto
“perverso” del seguro: ¿no se resistiría el ingreso del producto seguro de manera generalizada?
La propia lógica de mercado, si juega en esto, resuelve las cosas de manera negativa.
Esto hace que el discurso pro-seguro privado viva, efectivamente, encerrado en un dilema
difícil. Lógicamente, no ocurre lo mismo con los fondos públicos de garantía contra daños.
En realidad no hay nada que demonizar sino, simplemente, un mundo para ver. En la
silenciosa destrucción o en el desgaste que el seguro de responsabilidad civil privado plantea
para los deberes de cuidado respecto de los otros la conciliación es difícil. La contradicción
es inevitable y es fácil ver cuál de los dos extremos debería descuidarse: incluso si uno
adoptara una perspectiva económica de “eficiencia”, como lo argumenta la propia deterrence
theory, siempre que al mismo tiempo decidiera para qué quiere esa eficiencia (prevenir
daños). Si la meta es la disminución del riesgo de la vida en común, será una historia. Si la
meta es la comercialización del “producto” riesgo, será otra.
Como en todas las cosas el problema no está tanto en la perspectiva económica sino en
para qué se la use.
Un programa mínimo para el futuro debería plantear tres zonas netamente diferenciadas
y un principio básico. El principio debería ser que el daño debe en primer lugar ser
prevenido y, sólo si no se logra, reparado. Ello por consideraciones de tipo moral (digamos,
todo mal debe ser evitado, su reparación ex post no justifica su tolerancia) y económico
(deterrence). Por tanto, un componente fuerte de disuasión debe mantenerse. A su vez, un
sistema donde la disuasión consista únicamente en la reacción penal sería difícilmente
manejable: la gravedad de la sanción penal (afectación de la libertad) obliga a reducir el
campo de las conductas pasibles de ser disuadidas por ese medio. De ello se sigue que debe
mantenerse un nivel más flexible y tolerable de prevención representado por sanciones
puramente económicas (la obligación resarcitoria). Si el seguro de responsabilidad privado
tiende a inviabilizar esa zona, como se ha señalado 60 , todo el sistema pierde la llave de su
componente disuasorio que queda resignado a la reacción demasiado fuerte y, por tanto,
necesariamente limitada, de la esfera penal.
De esas consideraciones se siguen las tres zonas a distinguir. Primero, la de responsabilidad
individual a ser cubierta necesariamente con bienes del ofensor que no se presenta
como problemática y se justifica en la idea de disuasión. En segundo lugar, la de las respuestas
desde la esfera pública que tampoco se presentan como problemáticas y se justifican
por la idea de compensación. A su vez, la articulación entre esas dos primeras zonas y
sus respectivos fines está representada por la posibilidad de la acción de repetición desde
la esfera pública contra el ofensor individual. 61 Tercero, entre medio se ubica la región del
seguro privado de responsabilidad civil. Allí realmente hay una cuestión problemática, un
dilema, donde la confrontación entre los fines de disuasión y compensación difícilmente
pueda articularse sin perder algo.
Es en esa tercera zona que está la razón del título de este trabajo porque los problemas
que esa área presenta conforman, como todos los verdaderos dilemas lógicos, uno que en
realidad es imposible resolver y que conviene tener presente como tal (esto es, como paradoja).
60
Winfield and Jolowicz on torts, p.38-39.
61
Sobre la repetición en general: Signorino, p. 106 y ss.