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Una Revista Interdisciplinaria de Análisis Jurídico | RUPTURA
nes alternativas: la necesidad de dar fuerza a los contratos era menor de la que luego sobrevino;
el interés del estado por intervenir aumentó (el rol del estado en el comercio es indudable
en esa época); la necesidad de asegurar el cumplimiento creció con el volumen de las
operaciones o bien comenzaron a intervenir en ellas sujetos que tenían mayor capacidad de
influencia en las cortes reales, etc.
Lo cierto es que el texto de Glanvill directamente, o las referencias de la doctrina tradicional
indirectamente, marcan que el problema no era tanto el concepto en juego (la fuerza
obligatoria de un contrato libre de formas y basado en el mero consentimiento) sino quiénes
estaban dispuestos a dar fuerza a ese contrato. Las cortes mercantiles (formadas por
comerciantes) o las cortes espirituales (obispos y consistorios) estaban dispuestas, las cortes
centrales se desentendían. El tortuoso camino del contrato hasta llegar a las cortes de
common law es una muestra clara, el caso del Humber Ferry, un ejemplo bien obvio. Los giros
para lograr demostrar que la violación de un contrato debe ser atendida por las cortes del
Rey llegan a extremos risibles que los propios actores sabían eran irreales. 41
Quisiera sugerir, entonces, que la explicación acerca de qué significan en sustancia esos
movimientos quizás venga desde otro ángulo. Es decir no tanto desde la óptica de un avanzar
irresistible y novedoso de la autonomía de la voluntad, sino más bien, desde una conquista
del aparato del estado centralizado para el contrato consensual. La idea era antigua,
lo nuevo era quién la adoptaba. Para expresarlo brevemente: el sentido de coincidencia es
que se trata de un movimiento por el cual las Cortes centrales de los países del Occidente
de Europa pasan a admitir en su jurisdicción y a prestar su concurso para forzar el cumplimiento
de cualquier acuerdo de voluntades. Del desentenderse anterior (que era un desentenderse
prácticamente igual en su extensión aunque fundado diferentemente) 42 se pasa a
una intención de involucrarse. Esto se ve bastante claro en los dos sistemas. Para empezar
en el Continente: cuando el principio pacta sunt servanda llega a ser admitido por el Derecho
Civil ya había sido aceptado desde hacía casi cuatro siglos por el Derecho canónico (mucho
más relevante en la práctica de lo que estamos acostumbrados a pensar) y en las cortes de
derecho mercantil. Lo mismo ocurría en Inglaterra como señala Plucknett, con el agregado
que, a su juicio, las cortes locales (no las centrales) podían prestar atención a estos acuerdos.
El espacio del contrato es tan rápidamente ocupado en el Continente por el Derecho
la civilización agrícola, la mantuvo siempre desconfiada y recelosa frente a las transformaciones sociales” (destacado
nuestro). Esta percepción se manifestaba ya en el comentario sarcástico de Odofredo en la baja Edad
Media cuando señalaba que la jurisdicción eclesiástica intervenía en todo “ratione peccati” (Bellomo, p.76).
En el juego de palabras hay una crítica del argumento mediante el cual la Iglesia interviniendo en todo
(notoriamente en los contratos) invadía más de lo que era conveniente (el pecado mentado por Odofredo
es el argumento de la Iglesia y, al mismo tiempo, la intervención desmesurada de la misma).
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Milsom (p. 289) describe un caso de 1317: “the plaintiff counted that he had bought a tun of wine from the
defendants, and had left it with them until he could arrange for its transportation; the defendants, however, with
force and arms to wit with swords and bows and arrows, drew off much of the wine and replaced it with salt
water, so that the wine was wholly spoilt, to the plaintiff’s great damage and against the king’s peace” (YB 10 Ed.
II- Selden Society, vol. 54, p.140-) (destacados nuestros): la referencia a las armas cubre el requisito de vi et
armis y la mención de la paz del Rey violada cubre el requisito contra pacem que eran necesarios para
plantear un acción por trespass. En realidad se trata del incumplimiento del contrato de compraventa de
un tonel de vino. El ejemplo es tan gracioso por su aparente ingenuidad, como ilustrativo.
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En el continente el fundamento de ese desinterés sería su desconocimiento por el Corpus Iuris Civilis;
en Inglaterra, en cambio, el hecho que la violación de un acuerdo privado no afectaba ningún interés
público (no ponía en cuestión la “paz del rey”).