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Una Revista Interdisciplinaria de Análisis Jurídico | RUPTURA
la eximente mediante el mecanismo de la declaración de inconstitucionalidad de la ley que
la consagra.
En segundo término, en los casos en los cuales la declaración de inconstitucionalidad
no sea procedente, se podrá, de todos modos, responsabilizar al Estado por el daño consistente
en privar de la reparación de la contaminación mediante la ratificación del Protocolo.
A las mismas conclusiones, pero con diverso fundamento, llega la jurisprudencia española,
señalando que el deber de indemnizar se basa en la exigencia de justicia conmutativa
de que aquel que ha defendido su interés en perjuicio del derecho de otro, aunque autorizado,
ha de resarcir a quien hubo de soportar la perturbación o menoscabo de su derecho
de propiedad 86 .
XVI. Conclusiones
Luego de lo expuesto debemos cuestionarnos acerca de si es conveniente o no el sistema.
Señala Lorenzetti que el uso empresarial de los elementos del ambiente favoreció indirectamente
a los obreros, dando prioridad al pleno empleo sobre la protección ambiental, y
al consumidor final que gozaba de mejores y más variados bienes 87 .
Asimismo, consideramos que a la sociedad el mecanismo le beneficia, en tanto reduce
el volumen global de contaminación. Sin embargo, aún nos quedan ciertas víctimas del
sistema: los perjudicados por la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto
que tal contaminación se caracteriza por producir daños a largo plazo y de carácter global,
entendemos que es jurídicamente admisible que ello vulnere los derechos individuales de
un particular, según se ha indicado.
Dicho individuo no podrá pretender su resarcimiento contra el contaminante, salvo
que se trate de la vulneración de derechos fundamentales, según se indicó en le capítulo
anterior. No obstante, preserva en todo caso la acción de responsabilidad estatal, por la
indebida distribución de la carga social de admitir el mecanismo. De ese modo, el sistema
no afecta la conveniencia del perjudicado.
Luego de lo expuesto, sólo resta concluir que desde la perspectiva de la responsabilidad
civil los bonos de carbono permiten eximirse de responsabilidad por los daños que se
generan, al tiempo que el sistema resulta globalmente conveniente.
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